El abandono de pozos petroleros se convirtió en un desafío ambiental y económico de escala federal

El mapa energético argentino enfrenta una problemática de alto impacto: pozos petroleros abandonados, muchos de ellos sin un cierre adecuado, que ya no generan rentabilidad pero sí un riesgo ambiental creciente.

En provincias como Neuquén y Chubut, los inventarios parciales hablan de miles de pozos inactivos, es decir, sin un responsable legal que se haga cargo de su cierre y remediación. El problema no es menor: mientras algunos pozos podrían tener aún cierta producción remanente, la gran mayoría se encuentra en el final de su vida útil y representan más un pasivo que un activo para el país.

La problemática de Mendoza suma otro capítulo: allí se calcula que existen cerca de 3.000 pozos maduros con una producción declinante. Su cierre y saneamiento se han convertido en un desafío técnico y financiero que la provincia ya no puede postergar. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue contundente: “Mendoza tiene unos 3.000 pozos inactivos, y en el país hay más de 20.000. Eso no puede quedar en un limbo. Esos pozos o se cierran, porque de lo contrario se convierten en pasivos contingentes, o se reactivan con reglas claras y estrictos controles técnicos y ambientales. Estamos generando incentivos para que las empresas inviertan y transformen ese diagnóstico en oportunidades productivas”.

En tanto en Santa Cruz, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez adelantó que se trabaja en un marco legal para fomentar el desarrollo de los yacimientos maduros, con una posible reducción de la carga impositiva. “Será siempre y cuando haya contraparte de mano de obra, insumos y servicios locales. Queremos juntar a todos los sectores para buscarle un mayor horizonte al convencional maduro. Ojalá esa iniciativa pueda ser acompañada por el gobierno nacional”, señaló.

Además, se pondrá en marcha un Programa de Saneamiento Ambiental, a cargo de YPF y supervisado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), para tratar los pasivos ambientales. También se licitarán cuatro equipos adicionales que trabajarán durante cinco años en el sellado de perforaciones inactivas.

El problema también se hizo visible en Salta, donde el pozo Lomas, en manos de President Petroleum, generó un foco de preocupación. Desde el Gobierno Salteño se realizaron las intimaciones correspondientes para que la empresa realice el debido abandono del pozo y de esta forma avanzar en la solución de la situación, antes que la compañía presente su quiebra. Hoy la locación se encuentra cercada y con acceso restringido a animales y personas, aunque el último relevamiento oficial confirmó que el pozo presenta surgencia de gases y líquidos desde un cráter lateral y presión de salida que afecta el terreno circundante.

El dilema es evidente. Según especialistas, el costo de cerrar y remediar un pozo puede variar entre 20 mil y 200 mil dólares. Si se multiplican esas cifras por escenarios de entre 5.000 y 20.000 pozos, el pasivo económico asciende a cientos o incluso miles de millones de dólares. Un monto que, si no lo afrontan las operadoras, tarde o temprano recae sobre el Estado y las comunidades.

Más allá de las cifras, lo que preocupa son los impactos: fugas de hidrocarburos, emisiones de metano –un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el CO₂ en 20 años–, contaminación de suelos y riesgos sobre acuíferos utilizados para riego o consumo humano. En localidades petroleras históricas, como Comodoro Rivadavia, los pozos en desuso conviven con áreas urbanas y representan un peligro latente para la población.

Frente a este escenario, distintas voces coinciden en la necesidad de un inventario nacional consolidado y georreferenciado que unifique la información dispersa de las provincias, junto con fondos de garantía y mecanismos financieros que obliguen a las operadoras a cubrir los costos de abandono desde el inicio de sus proyectos.

Con realidades diversas, cada provincia encara la problemática con sus propias herramientas: Neuquén con inventarios parciales de pozos huérfanos, Mendoza con el desafío de miles de pozos maduros y nuevas políticas de incentivo y saneamiento, y Santa Cruz con un programa pionero de remediación. La mirada federal muestra un mismo problema con distintas respuestas, pero también la urgencia de una política nacional coordinada que garantice soluciones de fondo.

Argentina enfrenta así un dilema estructural: cómo equilibrar la herencia de su matriz hidrocarburífera con la necesidad de cuidar el ambiente y garantizar un futuro sostenible.