Argentina llega a la COP30 con una agenda ambiental debilitada
En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora cada 24 de octubre, el mundo se prepara para una nueva instancia clave de negociación global. El próximo 10 de noviembre comenzará en Belém, Brasil, la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), donde representantes de más de 190 países intentarán acordar acciones concretas para frenar la crisis climática.
Entre los principales temas de discusión se destacan la reducción de emisiones de metano, las medidas de adaptación, el financiamiento climático y la transición energética justa.
Retroceso nacional y liderazgos subnacionales
“Argentina llega a esta cumbre con más interrogantes que certezas sobre su rumbo climático”, advirtió Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La especialista señaló que, si bien el país mantiene sus compromisos internacionales —como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)—, la implementación real de las metas enfrenta un fuerte retroceso.
“Desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo implicó recortes presupuestarios de entre un 28,1% y un 83,2% en áreas ambientales, la paralización de programas clave, la falta de medidas de adaptación y un discurso negacionista frente a la crisis climática. Todo esto debilitó la capacidad estatal y la credibilidad internacional del país”, explicó Mercure.
De acuerdo con el informe de FARN “Gobernanza climática federal en Argentina: balance y perspectivas de la Ley 27.520”, son las provincias y municipios quienes sostienen actualmente la acción climática, impulsando medidas de mitigación y adaptación desde los territorios.
A cinco años de la sanción de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, se observan avances concretos: en 2025, Jujuy, La Pampa y Misiones lograron la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático, con diagnósticos locales y metas frente a fenómenos como inundaciones, incendios y sequías.
Otras once provincias —entre ellas Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego— se encuentran en proceso de preconvalidación de sus planes, mientras que diez jurisdicciones aún no los han presentado, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Salta, Tucumán y Mendoza.
“Estos avances son un paso hacia una acción climática con perspectiva federal, en un país donde los impactos del clima extremo son cada vez más evidentes. Las inundaciones en Bahía Blanca en marzo pasado, que dejaron 16 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas afectadas, mostraron nuevamente cómo los desastres climáticos ya golpean con fuerza a las comunidades”, enfatizó Mercure.
Emisiones de metano: una prioridad en la COP30
La CEO de la COP30, Ana Toni, destacó que reducir las emisiones de metano en el sector de los combustibles fósiles será uno de los ejes principales de la cumbre, por su impacto directo en la velocidad y magnitud del calentamiento global.
El metano, aunque invisible, es un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un horizonte de 20 años y responsable del 25% del calentamiento global.
Según el informe de FARN “Mitigación de emisiones de metano desde el sector energético en Argentina”, más del 60% de las emisiones nacionales de metano provienen del sector agropecuario, un 29% del sector energético —principalmente por fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y alrededor del 7% del manejo inadecuado de residuos, con más de 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país.
“Aunque Argentina adhirió en 2021 al Compromiso Global del Metano, comprometiéndose a reducir sus emisiones un 30% para 2030, aún no existen metas sectoriales ni un sistema de monitoreo. Al mismo tiempo, la expansión de Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado en el Golfo San Matías avanzan sin evaluaciones ambientales acumulativas ni participación ciudadana, en contraposición a los principios del Acuerdo de Escazú”, advirtió Giselle Munno Dithubide, responsable del área Legal de FARN.
Dithubide agregó que el metano también representa una amenaza directa para la salud humana, ya que es responsable de más del 50% del ozono troposférico, un contaminante asociado a alrededor de un millón de muertes prematuras por año en el mundo por enfermedades respiratorias graves.
El desafío de recuperar coherencia y credibilidad
Frente al debilitamiento de las políticas nacionales, las provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil se consolidan como actores clave para sostener la ambición climática del país.
“Recuperar la coherencia entre los compromisos internacionales y la acción interna será esencial para reconstruir la confianza y avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el futuro común”, concluyó Mercure.
