El 86% de los argentinos reclama más acción ambiental del Gobierno
A días de la COP30, la nueva cumbre climática que se celebrará en la Amazonía brasileña, una encuesta internacional de Greenpeace volvió a poner en evidencia la brecha entre las demandas ciudadanas y las políticas ambientales del Gobierno argentino. Según el relevamiento, el 86% de los argentinos considera que los bosques son fundamentales para frenar el cambio climático, y 8 de cada 10 creen que el Estado debería hacer mucho más para detener la deforestación.
Los resultados surgen en un contexto crítico: Argentina figura entre los 15 países con mayor deforestación del mundo. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, solo en 2024 se perdieron casi 150.000 hectáreas de bosques nativos en el norte del país —principalmente en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta—, mientras que los incendios forestales en la Patagonia destruyeron unas 32.000 hectáreas adicionales durante los primeros meses de 2025.
“Es evidente la preocupación de los argentinos por la crisis climática y por frenar la destrucción de nuestros bosques. Estamos en vísperas de una COP que se realizará en plena Amazonía, donde se espera avanzar con financiamiento para la protección de los bosques y un plan concreto hacia la meta de Deforestación Cero para 2030, compromiso del que Argentina también es parte”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Una deuda ambiental en el Presupuesto 2026
El estudio también muestra un consenso social en torno al fortalecimiento de las políticas ambientales: el 58% de los encuestados considera que el Estado debe aplicar con mayor rigor la ley y sancionar la deforestación ilegal, mientras que el 67% sostiene que las comunidades locales e indígenas deberían recibir apoyo financiero para proteger los bosques.
Sin embargo, la política presupuestaria nacional parece avanzar en sentido contrario.
“Es preocupante que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 asigne apenas el 3,5% de los fondos que corresponden a la Ley Nacional de Bosques”, señaló Giardini. “Esto reducirá la capacidad de control sobre los desmontes ilegales y limitará la promoción de la conservación y las actividades sustentables”.
El ambientalista también alertó sobre la falta de recursos humanos en Parques Nacionales, que cuenta con solo la mitad de los brigadistas necesarios para custodiar cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias ante emergencias por incendios forestales.
Bosques, clima y política
En un escenario global donde los compromisos ambientales son cada vez más exigentes, los datos revelan un desacople entre la opinión pública y la acción gubernamental. Ocho de cada diez argentinos confían en que los acuerdos internacionales pueden ser decisivos para detener la deforestación, pero los avances locales siguen siendo lentos.
Con la COP30 a punto de comenzar en Belém, Brasil, Argentina llega a la cumbre con una agenda ambiental debilitada, marcada por la falta de financiamiento, la deficiente aplicación de la Ley de Bosques y una creciente presión social por políticas climáticas más ambiciosas.
“La ciudadanía entiende que proteger los bosques es una cuestión de supervivencia, no de discurso. Los gobiernos deben asumirlo con la seriedad que el momento exige”, concluyó Giardini.
