El Gobierno avanza en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno de Javier Milei prepara un cambio trascendental para el sector nuclear: iniciará la privatización del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares de potencia del país. Además, otro 5% del paquete accionario será destinado a los trabajadores, bajo la modalidad de Propiedad Participada (PPP).

Según trascendió, la firma del decreto que dará inicio al proceso de venta es inminente. La medida representa un hito, ya que desde la creación de NA-SA en 1994 –durante el gobierno de Carlos Menem– distintos intentos por incorporar capital privado a la compañía habían fracasado.

Excepciones regulatorias y resultados financieros

El Ejecutivo ya había dado señales de esta apertura semanas atrás, al exceptuar a NA-SA de la norma que impide a las empresas eléctricas de mayoría estatal percibir ingresos superiores a los necesarios para recuperar sus costos operativos. Lo hizo a través del Decreto 450/2025, lo que permitió a la firma acumular ganancias por 17 millones de dólares en el primer trimestre del año.

Actualmente, la compañía está presidida por Demián Reidel, ex asesor presidencial, y constituye un actor clave en la generación eléctrica argentina, con un aporte estable y estratégico en materia de seguridad energética.

Proyectos estratégicos en curso

NA-SA también se encuentra ejecutando obras de relevancia para el sistema nuclear argentino, financiadas principalmente con recursos estatales y emisiones de deuda:

• Extensión de vida de Atucha I:
  Proyecto de 725 millones de dólares, iniciado hace casi un año, con un avance del 40%. La finalización está prevista para el segundo trimestre de 2027.

• Almacenamiento en seco para combustibles usados en Atucha II:
  Iniciativa clave para garantizar la continuidad operativa de la central. Supone una inversión de 173 millones de dólares, con un avance del 30% y el objetivo de tener su primer módulo disponible en un plazo de dos años.

Ambos desarrollos se financian parcialmente mediante emisiones respaldadas en contratos de venta de energía con CAMMESA, aunque los fondos resultan insuficientes. El presupuesto nacional prevé para 2025 una partida de $216.606 millones destinada a la empresa, pero hasta el momento no se registraron transferencias efectivas.

Un giro en la política nuclear

Con esta privatización parcial, Milei busca sumar capital privado a un sector históricamente bajo control estatal y de alta sensibilidad estratégica. La iniciativa abre un debate sobre el futuro de la política nuclear en Argentina: mientras el Gobierno apunta a atraer inversiones y aliviar la presión sobre las finanzas públicas, distintos sectores advierten sobre la necesidad de preservar el control nacional en un área vinculada directamente con la seguridad energética y tecnológica del país.