El Gobierno libera la exportación de residuos valorizables: una medida clave para las pymes del sector reciclador

Con la reciente publicación de la Resolución 393/25, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, reglamentó el proceso de exportación e importación de residuos metálicos, comúnmente conocidos como chatarra. La norma, firmada por el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, habilita la libre exportación de este tipo de materiales y marca un cambio significativo en el tratamiento regulatorio de los residuos valorizables.

La resolución se enmarca en una serie de medidas iniciadas con el Decreto 1/25, que autorizó por primera vez la exportación de residuos, una práctica hasta entonces prohibida en Argentina. Aunque para muchos se trate de un tema técnico o de bajo perfil, la normativa impacta directamente en decenas de empresas, principalmente pymes del sector reciclador, que desde hace años solicitaban la posibilidad de comercializar estos materiales en mercados internacionales.

“¿Por qué prohibirles valorizar sus residuos?”, cuestionó el impulsor de la medida, en una clara referencia al antiguo esquema restrictivo que impedía exportar materiales reutilizables, incluso cuando no existía demanda interna para su reciclaje.

El proceso no fue inmediato. Luego del decreto inicial, se detectaron una serie de resoluciones anteriores que continuaban operando como barreras técnicas o administrativas a la exportación. Entre ellas, se derogaron:

• Resoluciones 15, 45 y 84/2008, que limitaban los puntos habilitados para la salida de residuos del país.

• Resolución 1002/1982, que exigía demostrar que ninguna empresa argentina podía reciclar el material, lo que suponía un trámite complejo y a menudo insalvable para las pymes.

Estas disposiciones, calificadas como «redundancias del sistema de protección», sostenían de facto la prohibición aun cuando el marco legal ya había sido modificado.

Con la nueva reglamentación, la autoridad ambiental nacional tiene un plazo de 10 días para expedirse ante una solicitud de exportación. Si no lo hace, se interpreta como aprobación automática, lo que introduce una dinámica de mayor previsibilidad para el sector.

Una oportunidad para las pymes y la economía circular

Desde distintas cámaras empresariales vinculadas a la gestión de residuos y el reciclaje celebraron la medida, que representa una ventana de oportunidad para mejorar la ecuación económica de muchas pequeñas y medianas empresas. Poder colocar excedentes reciclables en el exterior no solo mejora la rentabilidad, sino que también fomenta prácticas de economía circular y alivia la presión sobre los sistemas locales de disposición final.

Además, la libre exportación permite acceder a mercados donde la demanda por ciertos materiales reciclables es más elevada o especializada, promoviendo mejores precios y estándares tecnológicos.

La eliminación de trabas a la exportación de residuos valorizables se alinea con una visión menos restrictiva y más productiva del ambiente, donde los residuos son tratados como recursos y no como pasivos. Esta visión busca integrar las dimensiones económica y ambiental en un esquema más flexible y competitivo.

Con este nuevo paso, el Gobierno espera dinamizar un sector con alto potencial de generación de empleo y valor agregado, especialmente en las provincias donde el reciclaje constituye una fuente clave de ingresos para cooperativas, emprendimientos familiares y pymes industriales.

Resta por ver si esta será la última modificación en el marco regulatorio o si nuevas medidas se sumarán para seguir simplificando la operatoria del sector. Pero por lo pronto, la Resolución 393/25 marca un antes y un después para la valorización de residuos en Argentina.