El salto del riesgo país pone en jaque las inversiones de Edenor y Edesur
La fuerte suba del riesgo país se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el sector energético, a pocos meses de un verano que se anticipa complejo por la falta de obras de generación y transporte. La escalada también amenaza con frenar los planes de inversiones de las distribuidoras Edenor y Edesur, que acaban de atravesar un proceso de revisión tarifaria.
Cuando en abril pasado se completó la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para ambas compañías, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estimó un riesgo país de 500 puntos como referencia para calcular la rentabilidad. Esa cifra representaba menos de un tercio del nivel actual, lo que genera una fuerte distorsión en los parámetros sobre los que se fijaron tarifas e inversiones.
De acuerdo con las resoluciones 303 y 304/2025, el organismo definió una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) con un tope del 3% para mayo y el resto a pagar en 30 cuotas, con el objetivo de evitar un salto abrupto en las facturas. A su vez, se aprobó un plan de inversiones para mejorar la calidad del suministro en los próximos años. Sin embargo, la rentabilidad y los costos financieros condicionan la viabilidad de esas obras.
“Esta incongruencia que afecta los recursos disponibles para hacer inversiones podría forzar a una nueva discusión sobre la revisión tarifaria que termine en un reclamo”, señaló a El Post Energético una fuente vinculada a las negociaciones.
Edesur ya había advertido durante la RQT que la tasa de retorno establecida era insuficiente y había propuesto un nivel que duplicaba al que finalmente fijó el ENRE. Tras la publicación de la resolución, la distribuidora presentó un recurso de reconsideración, cuestionando nuevamente que la tasa WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital) del 6,48% era baja y tendría consecuencias negativas para la prestación del servicio.
En el marco de la renegociación tarifaria, tanto Edenor como Edesur comprometieron inversiones por más de 2.100 millones de dólares en los próximos cinco años, con el objetivo de elevar los estándares de eficiencia y reducir la cantidad y duración de los cortes. Pero la volatilidad financiera y el salto del riesgo país ponen en duda la concreción de ese ambicioso plan.
