La modificación de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable en el Senado
El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable este jueves en el Senado, luego de ser analizado en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Al igual que otras iniciativas impulsadas por el oficialismo, como la reforma laboral, la propuesta será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue incorporada al temario prioritario del Gobierno tras haber sido enviada al Congreso el pasado 15 de diciembre, con un pedido expreso de tratamiento acelerado. Desde la Casa Rosada, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente en redes sociales, se argumentó que el objetivo central es modificar la legislación vigente para evitar lo que consideran una “paralización del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Desde una mirada ambiental, uno de los puntos más sensibles del proyecto es que habilita a las provincias a definir de manera individual qué glaciares deben ser protegidos y cuáles podrían quedar sujetos a actividades económicas. Esto implicaría un cambio sustancial respecto de la ley actual, que obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a preservar todos los tipos de glaciares y ambientes periglaciales, al reconocerlos como reservas estratégicas de agua dulce.
La modificación propuesta permitiría el uso de determinadas áreas glaciares o periglaciales siempre que, según el criterio de cada jurisdicción, no se ponga en riesgo una reserva hídrica considerada estratégica. Para organizaciones ambientales y especialistas, este enfoque podría debilitar la protección integral de ecosistemas clave en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en amplias regiones del país.
El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y el debate en comisiones contó con la participación de los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, dos provincias con presencia de glaciares y fuerte actividad minera. Orrego sostuvo que existe voluntad de proteger el ambiente periglacial cuando se trate de reservas de agua relevantes y estratégicas, aunque remarcó la necesidad de contar con una ley de “protección mínima” que no frene el desarrollo productivo.
Jalil, en tanto, planteó que la iniciativa debe evaluarse desde una perspectiva social, ambiental y económica. Si bien reconoció la importancia de analizar los posibles impactos ambientales, subrayó el peso de la minería en la generación de empleo formal, al señalar que la actividad genera alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 5.000 indirectos.
Con el debate previsto para febrero de 2026, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a poner en tensión dos modelos de desarrollo: uno centrado en la protección estricta de bienes naturales estratégicos, como el agua, y otro que busca ampliar el margen de explotación de recursos en nombre del crecimiento económico y el empleo. En ese equilibrio, el cuidado de los glaciares —fundamentales para el abastecimiento hídrico presente y futuro— se perfila como uno de los ejes más sensibles de la discusión.
