Ley de Glaciares: Luis Lucero confirmó que el nuevo texto ya está redactado
El debate sobre cómo equilibrar la protección ambiental con la necesidad de atraer inversiones estratégicas está entrando en una etapa decisiva. El Gobierno nacional trabaja en la modificación de la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), una norma que —según autoridades y gobernadores provinciales— se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de grandes proyectos mineros, especialmente de cobre, recurso clave para la transición energética global.
En este contexto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, confirmó que el nuevo texto ya está redactado y que el objetivo es aclarar conceptos y redefinir competencias sin alterar el espíritu original de la ley.
“Hemos trabajado muchos meses calladamente sobre qué va a pasar con glaciares. En el gobierno se estableció que lo mejor es una ley aclaratoria. El texto ya está redactado de una manera muy elaborada”, afirmó Lucero durante el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero.
Más poder a las provincias y redefinición del ambiente periglacial
La propuesta del Ejecutivo apunta a otorgar a las provincias la facultad de determinar con precisión qué áreas deben considerarse como ambiente periglacial. Esta descentralización busca, según Lucero, dotar de mayor certeza jurídica a las inversiones y permitir que proyectos hoy trabados por la normativa puedan avanzar.
“Va a ser un ejercicio de federalismo. Buenos Aires no puede decirle a las provincias qué hacer con su agua. La viabilidad del proyecto debe basarse en estudios científicos evaluados por la provincia que tiene los recursos. Es restituir a las provincias la capacidad de decidir sobre ellas”, sostuvo el funcionario.
El argumento central del Gobierno es que la reforma es indispensable para “aprovechar las riquezas naturales” del país, una posición compartida por los gobernadores de las principales provincias mineras, como San Juan, donde se concentra la mayor cartera de proyectos de cobre.
Desde la Secretaría de Minería remarcan que no se busca modificar el objeto de la ley, sino ordenar y aclarar sus definiciones, especialmente en lo referido a qué geoformas o sectores del ambiente periglacial generan aportes hídricos y, por lo tanto, deben ser protegidos. También apunta a establecer con claridad la responsabilidad provincial en la gestión de los recursos naturales y en la emisión de permisos.
El nexo con el RIGI y la necesidad de coordinación federal
El debate sobre la Ley de Glaciares se entrelaza directamente con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta clave del Gobierno para atraer capitales internacionales. Según estimaciones oficiales, la minería podría generar inversiones por más de USD 25.000 millones, pero su concreción depende de resolver tensiones regulatorias como la actual ley.
En el sector se advierte que, sin una concertación federal que armonice competencias entre Nación y provincias, el potencial del RIGI podría verse limitado. La industria reclama un marco jurídico estable, claro y definitivo, que combine la protección de los recursos hídricos con la previsibilidad que necesitan los desarrollos mineros y energéticos.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la actualización de la Ley de Glaciares es un paso imprescindible para que el país no pierda una oportunidad histórica en el mercado global del cobre y otros minerales críticos, fundamentales para la transición energética.
