Ley de Glaciares: Organizaciones alertan por un retroceso ambiental y riesgos para la seguridad hídrica

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos cuestionaron con dureza el proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Las críticas se expresaron ayer durante la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, que en un trámite exprés de apenas dos días emitieron dictamen favorable a la iniciativa oficialista, pese al rechazo mayoritario de los expositores.

El encuentro se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Si bien las autoridades parlamentarias habían anunciado que el proyecto sería tratado en el recinto el próximo 26 de diciembre, finalmente el debate legislativo se retomará recién a comienzos de febrero.

Durante la jornada, los disertantes coincidieron en que la propuesta oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar los criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. En un contexto de crisis climática e hídrica, advirtieron que avanzar con esta reforma sentaría un precedente regresivo en materia de derecho ambiental.

En ese sentido, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto introduce “una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales”. Por un lado, explicó, reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy prohibidos. Por otro, transfiere a las provincias la potestad de decidir qué glaciares deben protegerse y cuáles no, “desmantelando el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

Desde Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y remarcó que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En la misma línea, afirmó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones también alertaron que las modificaciones no buscan mejorar la protección de las fuentes de agua, sino responder a demandas del sector minero, algo que —según señalaron— surge de manera explícita en los considerandos del propio proyecto.

Al respecto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recordó que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda”. Y advirtió: “Esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”.

Otro de los puntos cuestionados fue la celeridad del tratamiento legislativo y la escasa participación en el proceso de elaboración de la iniciativa. En ese marco, Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, consideró “inadmisible” que el proyecto no haya contado con una consulta previa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico de referencia establecido por la ley vigente para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. “La minería responsable es posible y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial”, subrayó.

En la misma línea, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), afirmó que el proceso legislativo evidencia “una fuerte injerencia sectorial” y habló de una “captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, con intervención directa o indirecta de un grupo de gobernadores”.

Por su parte, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo”. Y agregó: “Los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés”.

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto busca forzar una ley general para hacerla encajar con emprendimientos mineros específicos que hoy no podrían desarrollarse bajo el régimen vigente. Lejos de aportar seguridad jurídica, advirtieron que la reforma profundizaría la incertidumbre normativa y debilitaría aún más la licencia social para operar.

Al cerrar el encuentro, los expositores pidieron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, concluyeron.

Participaron de la reunión representantes de FARN, Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, CPA, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Fundación Vida Silvestre Argentina, además de científicos del IANIGLA y del CONICET, y representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).