Organizaciones ambientales rechazan cambios en la Ley de Glaciares y advierten por riesgos ambientales e institucionales
Más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su profunda preocupación ante la posibilidad de reformar la Ley N.º 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. En un documento conjunto difundido este jueves, las entidades de la sociedad civil reafirmaron los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la norma y rechazaron cualquier intento de modificarla en un sentido que reduzca los niveles actuales de protección.
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares es considerada un hito de la política ambiental argentina. Su objetivo es proteger reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el recurso hídrico es crítico. Para las organizaciones, flexibilizar la normativa abriría la puerta a actividades económicas —en particular la minería a gran escala— con alto impacto ambiental, poniendo en riesgo un ecosistema vulnerable y el agua almacenada en glaciares y áreas periglaciares.
Un sistema clave para el agua y los ecosistemas de montaña
Las entidades remarcaron que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen un sistema integrado que almacena, regula y sostiene el agua que alimenta cuencas completas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y miles de comunidades.
En un contexto de agravamiento de la crisis climática y retroceso glaciario a nivel global y nacional, alertaron que cualquier disminución de los estándares de protección tendría impactos ambientales, económicos y sociales irreversibles.
La Ley 26.639 prohíbe actividades que puedan afectar la dinámica natural o la integridad de los glaciares, incluida la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la construcción de infraestructura que implique su destrucción o desplazamiento.
El rol del IANIGLA y la defensa del principio de no regresión
El documento también destaca la labor del IANIGLA en la implementación de la ley, así como la necesidad de reforzar su presupuesto y capacidades para cumplir con las tareas asignadas, especialmente en materia de investigación y monitoreo.
Las organizaciones subrayaron que la normativa vigente no impide el desarrollo, sino que lo ordena, evitando que se habiliten actividades en zonas donde el daño sería permanente y donde el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.
Finalmente, advirtieron que una eventual reforma sería ilegal e inconstitucional, en virtud del principio de no regresión ambiental contemplado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe retrocesos en los niveles de protección alcanzados.
Con este pronunciamiento, las organizaciones buscan frenar cualquier modificación que debilite el resguardo de un recurso estratégico para el país en un momento crítico para los ecosistemas de alta montaña.
Organizaciones firmantes:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación Biodiversidad Argentina
Fundación Habitar y Desarrollo
Agencia de Cooperación para el Desarrollo
Consciente Colectivo
Ecohouse
Aves Argentinas
Círculo de Políticas Ambientales
Natura Argentina
Proyectar
Red Universitaria para la Crisis Climática
Banco de Bosques
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas Argentina
Wildlife Conservation Society Argentina
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
Por el Mar
Greenpeace
Fundación Ambiente y Medio
Fundación Yuchan
Argentina Limpia
Fundación Vida Silvestre
Hora de Obrar
Los Verdes
Wetlands International
Asamblea Jáchal No Se Toca
Sin Azul No Hay Verde
Bios Argentina
Red Nacional de Acción Ecologista
