Provincias mineras coordinan una postura común ante el debate por la Ley de Glaciares
Los gobernadores de las principales provincias mineras del país se reunirán en los próximos días para acordar una posición conjunta frente a la intención del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639). El eje del reclamo provincial apunta a redefinir el alcance de la normativa, en particular la caracterización del ambiente periglaciar, que —según sostienen— se ha convertido en un freno para inversiones estratégicas en zonas cordilleranas.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el encuentro y la postura coordinada de las provincias que integran la llamada Mesa del Cobre: San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz. Estos distritos impulsan dos alternativas: una reforma legislativa que actualice la ley o, en su defecto, un decreto reglamentario que otorgue a las provincias la autoridad de aplicación para identificar las áreas que requieren protección ambiental.
El concepto de periglaciar, en el centro de la disputa
La Ley de Glaciares vigente establece la protección tanto de los glaciares como del ambiente periglaciar por su valor como reservas estratégicas de recursos hídricos, prohibiendo actividades como la minería o la exploración de hidrocarburos en esas zonas.
Sin embargo, las provincias —acompañadas por actores del sector privado— sostienen que la definición actual de ambiente periglaciar es demasiado amplia y ha impedido avanzar en proyectos clave, especialmente de cobre y litio, considerados esenciales para la transición energética global y para el desarrollo económico de las regiones cordilleranas.
El reclamo por mayor autonomía técnica y regulatoria apunta a que cada provincia pueda delimitar sus áreas de protección según las características de su territorio, con criterios científicos locales y mayor precisión cartográfica.
Sintonía con la Casa Rosada
La posición de los gobernadores fue bien recibida por el Gobierno Nacional, que observa en la revisión de la normativa una vía para:
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Destrabar inversiones vinculadas al cobre, hoy frenadas por restricciones ambientales.
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Consolidar apoyos políticos de los mandatarios cordilleranos en futuros debates parlamentarios.
El presidente ya expresó públicamente su acuerdo con que sean las provincias las que definan los límites de sus zonas periglaciares, en línea con los reclamos de la Mesa del Cobre.
Se espera que el Poder Ejecutivo eleve un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Glaciares a comienzos del próximo año, posiblemente para ser debatido durante las sesiones ordinarias. Mientras tanto, los gobernadores avanzan en la construcción de una postura única para negociar con Nación y alinear criterios frente a un debate que será central en la agenda ambiental y productiva de 2026.
