Proyecto San Jorge: el CPA exige medidas estrictas para proteger el ambiente

Proyecto San Jorge

El Consejo Provincial de Ambiente (CPA) de Mendoza emitió su evaluación técnica sobre el proyecto minero San Jorge, ubicado en el departamento de Uspallata. Si bien no rechazó de plano la iniciativa, condicionó su viabilidad al estricto cumplimiento de una serie de exigencias técnicas y ambientales, con el foco puesto en la protección del sistema hídrico de la zona.

El informe fue elaborado a partir del análisis interdisciplinario de más de 15 organismos provinciales y establece un marco de condiciones que la empresa deberá cumplir para minimizar el impacto de la actividad minera sobre los recursos naturales y las comunidades cercanas.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen es la protección del Arroyo El Tigre, un curso de agua clave para el ecosistema regional. En ese sentido, el CPA exige la elaboración de un programa integral de manejo hídrico, que incluya estudios actualizados, monitoreo en tiempo real y la presentación de un balance hídrico certificado. Estas medidas son consideradas indispensables para asegurar el uso sustentable del agua, tanto para las operaciones mineras como para preservar la biodiversidad local.

Desde el Consejo señalaron que la evaluación no implica una aprobación definitiva del proyecto, sino que marca un camino condicionado: “La sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad absoluta. La empresa deberá cumplir cada uno de los requisitos establecidos antes de avanzar con cualquier fase del emprendimiento”, advirtieron fuentes del organismo.

El proyecto San Jorge, que busca la extracción de cobre y oro en el oeste mendocino, ha generado desde sus inicios un amplio debate social y político en la provincia. Con este informe, el CPA pone en el centro de la discusión la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de los bienes comunes, especialmente el agua, en un contexto de creciente escasez hídrica.

La próxima etapa dependerá del análisis de los informes por parte del Ejecutivo provincial y la eventual elevación del proyecto a la Legislatura, en caso de que se avance hacia su aprobación.