A 15 años de la Ley de Glaciares: un patrimonio en disputa entre la política ambiental y los intereses extractivos
La sanción de la Ley de Glaciares en 2010 no solo representó un avance jurídico inédito en materia ambiental: marcó un hito político. En plena expansión de la megaminería en la cordillera, el Congreso aprobó una norma que, por primera vez en el mundo, protegió a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce y patrimonio común de la Nación. Una decisión que ubicó a la Argentina a la vanguardia de la política climática internacional y que abrió un debate estructural: ¿hasta dónde debe llegar el Estado para garantizar derechos colectivos frente a intereses económicos?
En estos 15 años, la Ley de Glaciares fue blanco de críticas y presiones por parte de sectores vinculados a la minería de gran escala, que la consideraron un obstáculo para proyectos de inversión en provincias cordilleranas. Sin embargo, la disputa alcanzó su punto más alto en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó un principio esencial: en situaciones de conflicto, los derechos colectivos —como el acceso al agua— prevalecen por sobre los intereses privados. Con ese fallo, el máximo tribunal blindó políticamente a la ley, transformándola en un instrumento de soberanía ambiental.
La vigencia de la norma se vuelve aún más relevante en un contexto atravesado por la crisis climática. El retroceso de los glaciares, acelerado por el aumento de las temperaturas globales, compromete las cuencas que abastecen de agua a millones de personas y sostienen la producción agrícola, la ganadería y hasta la energía hidroeléctrica.
“Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley es a nuestras cuencas y ríos. Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca”, sostiene Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Hoy, el escenario político vuelve a tensionar el futuro de esta normativa. Discursos negacionistas y propuestas de flexibilización regulatoria ponen en riesgo un consenso que llevó años construir. La Ley de Glaciares se encuentra así en el centro de una encrucijada: ser defendida como política de Estado que protege el agua y la vida, o ser debilitada en nombre de un modelo extractivo de corto plazo.
La discusión ya no es técnica ni jurídica: es profundamente política. Se trata de elegir entre un proyecto de país que entiende al agua como un bien común estratégico, o uno que lo reduce a un recurso más en la lógica del mercado.
