Automotrices podrán usar certificaciones internacionales para validar estándares ambientales

A partir de una nueva norma oficial publicada el 2 de octubre, el mercado automotriz argentino podría enfrentar cambios significativos en sus estándares ambientales. La medida fue impulsada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, y lleva la firma de Daniel Scioli, actual secretario del área.
La Resolución 546/2025 introduce modificaciones profundas en los límites de emisiones contaminantes, ruidos y radiaciones de los vehículos automotores que circulan en el país. Aunque el foco principal está puesto en la actualización de los procedimientos para la obtención de la Licencia para Configuración Ambiental (LCA), la norma también moderniza los estándares ambientales aplicables a la industria automotriz.
Según el texto oficial, el avance tecnológico de los vehículos y las metodologías de ensayo de emisiones “ha determinado que algunas metodologías hayan sido superadas”. Por este motivo, el organismo que encabeza Scioli podrá definir nuevos métodos de ensayo, mediciones, verificaciones y certificaciones, además de aceptar ensayos realizados en otros países.
La resolución permite que se adopten límites de emisiones basados en normas internacionales, como las directivas europeas, los reglamentos de Naciones Unidas o las disposiciones del Mercosur. También establece que los ensayos o verificaciones aceptados por el organismo deberán ser realizados por laboratorios o entes certificadores con idoneidad comprobada.
Entre los considerandos de la Resolución 546/2025, se destaca el objetivo de “simplificar los procedimientos previos a la emisión de los certificados de aprobación”, al permitir la aceptación de ensayos producidos por organismos internacionalmente reconocidos.
Esta apertura podría traducirse en una reducción de costos y tiempos para las automotrices que comercializan vehículos en el país, aunque también genera interrogantes sobre el nivel de exigencia ambiental que se aplicará en adelante.
Con esta resolución, el Gobierno busca alinear los procedimientos locales con los estándares internacionales, en un contexto en el que la industria automotriz demanda mayor flexibilidad para adaptarse a los avances tecnológicos y a la evolución de las regulaciones globales.