California y Connecticut preparan ofensiva legal contra la eliminación de la base regulatoria climática en EE.UU.
Los estados de California y Connecticut trabajan en conjunto para encabezar una ofensiva judicial multiestatal contra la decisión del presidente Donald Trump de derogar el fundamento legal de la regulación federal de emisiones contaminantes de vehículos en Estados Unidos.
La semana pasada, la Environmental Protection Agency (EPA) dejó sin efecto el denominado “endangerment finding”, la determinación científica que establecía que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte representan un peligro para la salud pública. Esa conclusión, adoptada originalmente en 2009, había servido de base jurídica para regular no solo a la industria automotriz, sino también a centrales eléctricas y operaciones de petróleo y gas.
El presidente Trump calificó la medida como la “mayor acción desregulatoria” en la historia del país.
Estrategia judicial en marcha
En declaraciones a Reuters, el fiscal general de California, Rob Bonta, y su par de Connecticut, William Tong, confirmaron que ya trabajan en la articulación de una demanda coordinada junto a otros estados.
“Vamos a tomar medidas”, afirmó Tong, quien explicó que los equipos legales están definiendo la legitimación activa, los argumentos jurídicos y los distintos elementos que formarán parte de la presentación. “Estamos armando nuestro mejor plan de ataque”, agregó.
La eliminación del “endangerment finding” implica desmantelar el pilar normativo que permitió a la EPA fijar estándares de emisiones para vehículos y plantas generadoras de energía. Actualmente, el transporte y la generación eléctrica concentran aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Posible ola de litigios climáticos
Expertos legales advierten que la decisión podría abrir la puerta a una nueva ola de demandas conocidas como acciones por “molestia pública” (public nuisance), un tipo de litigio que había quedado prácticamente bloqueado tras un fallo de la Corte Suprema en 2011, el cual sostuvo que la regulación de emisiones debía quedar en manos de la EPA y no de los tribunales.
Si la agencia federal deja de ejercer esa potestad regulatoria, el escenario judicial podría reconfigurarse, con estados y gobiernos locales recurriendo nuevamente a los tribunales para exigir responsabilidades por daños vinculados al cambio climático.
La disputa anticipa una nueva batalla legal entre estados con políticas climáticas activas y la administración federal, en un contexto de fuerte polarización sobre el rumbo ambiental y energético del país.
