Comunidades mapuche exigen reconocimiento jurídico y denuncian represión frente a la Casa de Gobierno en Neuquén
Cuatro comunidades mapuche de la provincia de Neuquén —Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas— protagonizaron un acampe pacífico frente a la Casa de Gobierno para exigir el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas. Esta demanda, amparada por la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, fue respondida con un accionar represivo por parte de la policía, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y ambientales.
El reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas no sólo es clave para el fortalecimiento de su identidad cultural, sino que también garantiza su derecho a ser consultadas en proyectos que impactan directamente sobre sus territorios. Uno de los puntos de mayor tensión es el avance de Vaca Muerta, uno de los mayores proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales del mundo, cuyos desarrollos afectan áreas cercanas a comunidades como las que habitan en las inmediaciones del lago Mari-Menuco.
Diversas organizaciones alertaron que la respuesta policial a una manifestación pacífica y legítima configura una violación a derechos fundamentales. La criminalización de comunidades que reclaman su derecho a decidir sobre el agua que consumen y el aire que respiran refleja, señalaron, una preocupante escalada en la violencia institucional contra quienes defienden el territorio y el ambiente.
“No se puede avanzar hacia una transición socioecológica justa —ni defender la biodiversidad, el clima, la salud o el ambiente— sin un marco democrático sólido y con garantías para los defensores del ambiente”, expresaron desde uno de los colectivos que acompañan el reclamo.
El Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina en 2021, establece el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales a actuar sin amenazas, inseguridad ni restricciones. Su violación representa no sólo una deuda con las comunidades indígenas, sino también una transgresión de compromisos internacionales que buscan proteger el derecho a un entorno sano y democrático.
“Defender la vida y el territorio no es un delito; es un derecho”, remarcaron voceros del reclamo, quienes exigieron el pleno respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
En medio del avance de megaproyectos extractivos en la región, las comunidades originarias reclaman un rol protagónico en las decisiones que comprometen el presente y futuro de sus territorios. La legitimidad de su demanda, respaldada por la ley y tratados internacionales, pone en evidencia la necesidad urgente de garantizar sus derechos y cesar la persecución de quienes defienden el ambiente y la vida.
