Constitucionalistas advierten que la reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional y vulnera el derecho ambiental

Más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta al Congreso de la Nación en la que alertan que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que será tratado en los próximos días durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, resulta inconstitucional y pone en riesgo el derecho constitucional a un ambiente sano.

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de reconocidas figuras del ámbito jurídico, entre ellas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Leila Devia, Andrés Gil Domínguez, Florencia Saulino, Lilian del Castillo, Marcelo López Alfonsín, Marisa Herrera, Aldo Rodríguez Salas, Mariela Puga, Guillermo Scheibler, Fabiana Schafrik, Aníbal Falbo y Valeria Berros, quienes advierten sobre el carácter regresivo de la iniciativa. Según señalan, la reforma reduce niveles de protección ya establecidos por la legislación vigente y viola el sistema de Presupuestos Mínimos Ambientales garantizado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Ese artículo otorga al Congreso de la Nación la facultad de dictar normas que establezcan presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias pueden complementarlas, pero nunca disminuirlas ni perforar el piso de protección definido a nivel nacional. En ese marco, los especialistas remarcan que la competencia provincial es complementaria y debe ejercerse de manera maximizadora, es decir, orientada a fortalecer la protección ambiental según las características de cada ecosistema y jurisdicción.

En sentido contrario, el proyecto impulsado por el Ejecutivo habilita a que cada provincia determine qué glaciares y ambientes periglaciales proteger —o no— conforme a criterios propios. Para los firmantes, esto implica un riesgo directo para las fuentes de agua dentro de los territorios provinciales y también para aquellas provincias ubicadas aguas abajo en las cuencas hídricas compartidas.

“La reforma no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las leyes de presupuestos mínimos: el objeto de ese tipo de normas es establecer un piso de regulación y que el techo lo pongan las provincias”, sostienen en la carta dirigida al Congreso.

Uno de los puntos más críticos señalados es el vaciamiento del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica de información pública que identifica y caracteriza los glaciares del país. Al subordinar este conocimiento a decisiones políticas provinciales, el proyecto anula la operatividad del presupuesto mínimo de protección y rompe con el enfoque ecosistémico, que reconoce que los glaciares y las cuencas hídricas exceden los límites jurisdiccionales.

“La eliminación de la protección de un glaciar en una jurisdicción puede afectar directamente el acceso al agua y los derechos ambientales de otras provincias”, advierte el documento. Además, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado en reiteradas oportunidades el carácter operativo —y no meramente declarativo— de los presupuestos mínimos ambientales.

Sin un criterio nacional de protección, alertan los especialistas, cada provincia podría fijar reglas diferentes, generando desigualdades en la tutela del agua y potenciales conflictos interjurisdiccionales por la gestión de cuencas compartidas.

Finalmente, los firmantes advierten que la eventual aprobación de esta reforma sentaría un precedente peligroso para todo el sistema de leyes ambientales vigentes y futuras, habilitando retrocesos similares en otras normas clave, con impactos directos tanto sobre la ciudadanía como sobre actividades productivas estratégicas.

Ley de Glaciares: ¿qué establece?

Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. La norma prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural y crea el Inventario Nacional de Glaciares como instrumento central para su protección, bajo una mirada integral y de alcance federal.