Crisis climática: del discurso ambiental al riesgo de negocio
El año 2025 dejó señales claras. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2025 igualó a 2023 como el segundo año más caluroso desde que existen registros, solo detrás de 2024. La temperatura media se ubicó en 1,42 °C por encima del promedio preindustrial, un dato sin precedentes en 176 años de registros. Y según las proyecciones del Met Office del Reino Unido, el 2026 volverá a ubicarse entre los años más calurosos jamás registrados.
Según información reciente de la OCDE, para 2050, el cambio climático será la mayor amenaza para la naturaleza, superando incluso al cambio de uso de suelo.
La vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos confirmó los temores del sector climático. La paralización de la energía eólica marina, el recorte al apoyo de vehículos eléctricos, la eliminación de incentivos para energías limpias, la flexibilización de las regulaciones sobre centrales de carbón, la promoción de la extracción de combustibles fósiles en tierras federales y el ataque a la ciencia climática marcaron un giro político contundente
Estados Unidos optó por desmarcarse de la cooperación climática internacional. En su anterior presidencia Trump había impulsado el retiro de los Estados Unidos de los compromisos asumidos en el Acuerdo del Clima de París, y en su primer día de mandato, el pasado 20 de enero, firmó una orden ejecutiva para retirarse nuevamente del Acuerdo, al que calificó como “injusta y unilateral estafa climática de París”.
Como consecuencia, la influencia de Estados Unidos en la gobernanza climática global volverá a debilitarse de forma notable y las emisiones estadounidenses de gases del efecto invernadero (GEI) continuarán representando cerca del 11% del total a nivel mundial, sin disminuciones.
The Guardian estimó que las políticas del presidente Donald Trump podrían causar hasta 1,3 millones de muertes adicionales relacionadas con la temperatura en los próximos 80 años. Este cálculo no considera los efectos indirectos del cambio climático, como sequías, inundaciones o conflictos, que podrían multiplicar el sufrimiento humano.
Marshall Burke, economista de Stanford, advierte que cada política revertida incrementa las muertes proyectadas en todo el mundo. La acción o inacción de Estados Unidos tiene un efecto multiplicador, demostrando que la agenda anticlimática de Trump no es un asunto local, sino una amenaza global para la salud pública.
Para las empresas, el mensaje fue contundente: la acción climática ya no puede depender de un solo actor global. Es necesario anticipar cambios políticos abruptos y sostener compromisos de largo plazo.
Las olas de calor, inundaciones e incendios dejaron de ser eventos aislados para convertirse en factores que afectan la producción, la infraestructura y la logística. El cambio climático dejó de ser un tema ambiental y pasó a ser un riesgo económico concreto.
La crisis climática está afectando de manera directa o indirecta la operación de diversas actividades económicas. La agricultura está entre los sectores más vulnerables. Según cálculos de Morgan Stanley, el 44% del trigo del mundo y más del 30% del maíz, provienen de zonas de riesgo.
La producción global de alimentos y combustibles fósiles está generando un costo ambiental que asciende a 5.000 millones de dólares por hora, según el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial elaborado por 200 especialistas para el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. El documento revela que estas actividades no solo agravan la crisis climática, sino que minan los cimientos económicos, sociales y políticos que sostienen la estabilidad mundial.
En dicho Informe, los expertos señalan que la inacción resulta mucho más costosa que implementar medidas de mitigación y adaptación. Según sus cálculos, los beneficios de la acción climática alcanzarán 20 billones de dólares al año para 2070 y podrán llegar a 100 billones para 2100. Ignorar esta realidad, advierten, sólo agravará los efectos en cadena.
Por otro lado, en los últimos años, los litigios climáticos han dejado de ser una táctica secundaria utilizada por activistas para convertirse en una herramienta clave a la hora de exigir responsabilidades ante la crisis climática. Cada vez son más las comunidades que hacen uso de los tribunales como alternativa para proteger sus medios de subsistencia. Según datos de Naciones Unidas, solo en 2024 se iniciaron más de 200 casos climáticos nuevos, y en las últimas cuatro décadas, ya se cuentan cerca de 3,000 demandas en 60 países.
Aunque Estados Unidos sigue encabezando la lista con casi 2,000 procesos, el incremento de litigios en América Latina, Asia y África demuestra que comunidades especialmente vulnerables al cambio climático buscan justicia mediante acciones judiciales.
Adicionalmente, los fondos de inversión comienzan a retirarse de las inversiones en energía de fuente fósil, y se dirigen a empresas sostenibles. En 2024 más de mil agencias de publicidad firmaron un compromiso para rechazar trabajos encargados por compañías de combustibles fósiles.
En la cumbre climática desarrollada en 2025 en Belém (Brasil), la COP30, volvió a quedar en evidencia la distancia entre los compromisos asumidos por las naciones y las acciones necesarias, especialmente en los países en desarrollo.
La mitigación del cambio climático es una prioridad global y las empresas ya fijan metas para reducir emisiones. Sus estrategias deben abordar tanto la mitigación como la adaptación, mediante inversiones en infraestructura resiliente, gestión de riesgos climáticos y una hoja de ruta con tres etapas: reducción, descarbonización y transición.
Hoy, gestionar la huella de carbono ya no es una cuestión de imagen: es una decisión estratégica. Las compañías que integren la acción climática en su estrategia de negocios no solo estarán ayudando al planeta, sino también asegurando su propia supervivencia en la economía del futuro.
Por: Julián D’Angelo es Licenciado en Administración (UBA), Posgrado en Gestión Sociourbana (FLACSO)
