Cuenta regresiva hacia la COP30: la Amazonía será escenario del debate climático global

La COP30, cumbre climática de la ONU, se celebrará en noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil, y por primera vez tendrá lugar en plena Amazonía. La elección no es casual: busca visibilizar la urgencia de proteger uno de los biomas más relevantes y amenazados del planeta.

América Latina llega con un papel clave en el debate: pese a su baja responsabilidad histórica en emisiones, la región demanda justicia climática, financiamiento real y una transición ecológica soberana. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anticipó que será la “cumbre de los pueblos”, con la participación de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones sociales y juventudes.

Uno de los puntos clave para la región es el acceso a financiamiento climático real, no condicionado y de libre disponibilidad. A 15 años de la promesa de los países ricos de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para la transición ecológica del sur, el balance es pobre. El nuevo Fondo de Pérdidas y Daños, aunque fue acordado en 2022, aún no tiene operatividad clara ni recursos suficientes.

Latinoamérica exige un cambio de paradigma: canjes de deuda por acción climática, sistemas regionales de compensación por servicios ecosistémicos, fortalecimiento de bancos de desarrollo y protagonismo en el diseño de instrumentos financieros. Ya no basta con promesas, ni con proyectos aislados: el continente necesita estructura, capacidad de decisión y soberanía ambiental.

Otra demanda creciente es el reconocimiento de los gobiernos subnacionales, las comunidades organizadas y los pueblos indígenas como actores protagónicos. Mientras los grandes acuerdos tardan en implementarse, son los territorios quienes absorben los impactos más duros del cambio climático: inundaciones, sequías, incendios, enfermedades y desplazamientos.

Brasil, país que presidirá la COP30, planea lanzar el Tropical Forest Forever Facility (TFFF), un mecanismo de financiamiento que busca recompensar a los países que reduzcan la deforestación. El estudio refuerza la urgencia de que estos esquemas de financiamiento sean diseñados con equidad: la mayor parte del potencial sostenible de forestación está en Sudamérica, pero los compromisos de plantación de árboles en la región hasta ahora son limitados. En cambio, los países africanos –con mucho menos potencial sostenible– están asumiendo desproporcionadamente el esfuerzo. El TFFF podría ayudar a corregir este desequilibrio, siempre que venga acompañado de compromisos financieros ambiciosos de los países desarrollados, tanto para apoyar la restauración de bosques como para garantizar la protección de los ya existentes.

Los resultados del estudio también dialogan con los compromisos recientes de los países amazónicos, reunidos la semana pasada bajo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Allí se insistió en la necesidad de financiamiento internacional para sostener los planes de reducción de deforestación y restauración de ecosistemas.

Mientras tanto, potencias como Estados Unidos, Europa y China llegan con tensiones internas, promesas incumplidas y contradicciones en sus estrategias. La región busca aprovechar la COP30 para mostrarse unida y reclamar un nuevo contrato verde global, basado en equidad, cooperación y respeto a los territorios.