Dos centrales clave entran en la hoja de ruta privatizadora del Gobierno

Como parte del plan para reducir la presencia del Estado en el sector energético, el Gobierno dio un paso clave para avanzar en la privatización de dos activos estratégicos de generación eléctrica: las centrales termoeléctricas San Martín (TSM) y Manuel Belgrano (TMB), cuyo paquete accionario mayoritario está en manos de Enarsa, la empresa estatal que la administración libertaria busca desguazar y cerrar.

El movimiento se concretó el viernes 26 de diciembre, en una jornada cargada de definiciones. Mientras la Secretaría de Energía ponía en marcha la licitación para desprenderse de las acciones que Enarsa posee en Citelec —la sociedad controlante de Transener, principal transportista eléctrica del país—, el Senado sancionaba la Ley N° 27.778 de Presupuesto 2026, la primera del gobierno de Javier Milei.

Si bien varios artículos impulsados por el Poder Ejecutivo vinculados al sector energético quedaron fuera del texto final —como la limitación del régimen de “Zonas Frías” o la condonación de deudas a Edenor y Edesur por supuestos ingresos no percibidos—, otro punto clave sí logró superar el filtro parlamentario. Se trata del artículo 66, que exime del pago del Impuesto a las Ganancias la transferencia de las acciones de las centrales San Martín y Belgrano desde los respectivos fideicomisos a sus dueños finales, es decir, el Estado y los generadores privados.

El artículo, incorporado al Presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, incluye dentro del beneficio fiscal la transferencia “bajo cualquier modalidad” del patrimonio de los fideicomisos “Central Térmica Manuel Belgrano” y “Central Térmica Timbúes”, en favor de las sociedades Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica San Martín S.A.

Ambas compañías tienen como presidente a Tristán Socas, quien también conduce Enarsa tras la salida de Juan Carlos Doncel Jones y Rigoberto Mejía Aravena.

La clave del esquema aprobado es que la norma habilita a que el traspaso de activos sea considerado una “reorganización societaria” y no una venta, lo que evita el pago del Impuesto a las Ganancias. Bajo esta interpretación, no corresponde el tributo si existe “continuidad de negocios”, es decir, si la empresa sigue operando con los mismos accionistas bajo una nueva forma jurídica. Sin embargo, tanto TSM como TMB figuran explícitamente entre los activos de Enarsa a privatizar en el decreto 286/2025, que puso en marcha su proceso de liquidación.

De acuerdo con estimaciones del mercado, los bienes a devolver por cada fideicomiso rondan los 300 millones de dólares, entre infraestructura y recursos líquidos. De haberse tratado como una operación gravada, el impuesto a las Ganancias habría superado los 100 millones de dólares por central (alícuota del 35%). En conjunto, el ahorro fiscal ascendería a unos 200 millones de dólares.

Con una potencia instalada de 865 MW cada una, las centrales San Martín y Manuel Belgrano fueron construidas durante el gobierno de Néstor Kirchner en el marco del programa FONINVEMEM, que canalizaba deudas del Estado con los generadores para financiar nuevas obras de generación en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica. A ese esquema se sumaron aportes directos del entonces Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios.

La central Manuel Belgrano fue inaugurada en 2008 en la localidad bonaerense de Campana, mientras que San Martín comenzó a operar un año después en Timbúes, Santa Fe. En conjunto, aportan una potencia comparable a la de las tres centrales nucleares del país y están emplazadas en el corazón del sistema de demanda, lo que las convierte en infraestructura crítica para el abastecimiento eléctrico.

Actualmente, el capital accionario de TMB se distribuye con Enarsa como socio mayoritario (65%), seguida por Central Puerto (10,6%), AES (7,1%), Enel (6,2%), Pampa Energía (3,2%), Orazul Energy (2,2%) y otros accionistas minoritarios. En el caso de TSM, la participación estatal asciende al 68,3%, mientras que los mismos generadores privados se reparten el resto en proporciones similares.

En paralelo al debate político y fiscal, la central Manuel Belgrano enfrentó el mes pasado dificultades para operar a plena capacidad debido a una falla en el sistema de bombas, un episodio que encendió luces de alerta en el despacho energético del AMBA y volvió a poner en primer plano la sensibilidad del sistema ante cualquier problema en estas usinas clave.