El caso del Riachuelo avanza hacia la justicia internacional ante el incumplimiento del fallo Mendoza
Miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) se reunieron esta semana en una sesión académica para analizar las consecuencias del cese de la supervisión de la Corte Suprema en el histórico fallo Mendoza, que ordenaba el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ante el estancamiento en el cumplimiento de los objetivos fijados en 2008, y con las instancias judiciales nacionales agotadas, el caso ha iniciado un recorrido hacia la justicia internacional.
“La calidad del agua es peor que hace 17 años”, afirmó Raúl Estrada Oyuela, diplomático de carrera y abogado encargado de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación internacional fue realizada por el cuerpo colegiado creado originalmente para monitorear el cumplimiento del fallo, y representa un nuevo capítulo en la larga historia de promesas incumplidas en torno al saneamiento del Riachuelo.
La jornada fue organizada por el Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI, y ofreció un recorrido histórico por la degradación ambiental de la cuenca. “Todos los argentinos escuchamos alguna vez el problema de la contaminación en el Riachuelo. Ya en la Asamblea de 1813 se mencionaba la contaminación en la cuenca y sus consecuencias en la salud”, recordó María Esther Bondanza, directora del comité. Además, evocó antecedentes históricos como el decreto de Juan Manuel de Rosas, quien prohibió en el siglo XIX que las curtiembres arrojaran residuos en el río.
El fallo Mendoza, emitido en 2008 por la Corte Suprema, ordenaba al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementar un plan integral para sanear la cuenca, mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir futuros daños. Sin embargo, a más de 15 años de aquella sentencia, los avances han sido insuficientes, y la situación ambiental sigue siendo crítica.
El debate en el CARI puso en evidencia la frustración acumulada por años de inacción, y abre la puerta a una posible condena internacional que podría reactivar las responsabilidades del Estado argentino. Mientras tanto, los millones de habitantes que viven en la cuenca siguen esperando una respuesta efectiva y definitiva.
