El Gobierno anuncia un plan de obras energéticas por más de USD 6.600 millones que serán pagadas por los usuarios

Preocupación oficial por los cuellos de botella en el sistema eléctrico; el nuevo esquema busca sumar 5.610 km de líneas de alta tensión con financiamiento privado, pero con impacto en las tarifas.
Frente a la creciente presión sobre el sistema eléctrico nacional y los riesgos de cortes de suministro en los meses de mayor demanda, el Gobierno Nacional anunció un ambicioso plan de obras “prioritarias” de infraestructura energética que contempla la construcción de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de 500 kilovoltios (kv) en todo el país.
Según informaron la Secretaría de Energía y el vocero presidencial Manuel Adorni, el objetivo de la iniciativa es “asegurar el buen funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuellos de botella derivados de la falta de inversión acumulada durante décadas”. La inversión estimada asciende a más de USD 6.600 millones.
Aunque el Gobierno remarcó que las obras serán ejecutadas mediante mecanismos de concesión privados y “sin costo para el Estado”, el mismo comunicado oficial aclara que los proyectos se financiarán a través de un concepto tarifario que pagarán los usuarios beneficiados por la nueva infraestructura.
Esto implica que el costo de las ampliaciones será trasladado a las boletas de electricidad, generando preocupación sobre el impacto económico para los hogares. El modelo, similar a uno propuesto anteriormente por la empresa Transener y respaldado por la secretaria de Energía María Tettamanti, busca anticipar el financiamiento mediante un esquema de “estampillado tarifario”, es decir, un pago previo para obras futuras.
Una simulación realizada sobre el proyecto AMBA I indica que, si el costo se trasladara a los usuarios de Edenor y Edesur, las facturas podrían aumentar hasta un 7% durante los próximos 15 años.
El nuevo plan pone de relieve los dilemas del sector energético argentino: la urgencia de modernizar la infraestructura y la falta de fondos públicos, frente a una ciudadanía ya tensionada por subas tarifarias acumuladas. El Gobierno apuesta al financiamiento privado con recupero a través de las tarifas, una decisión que podría abrir un nuevo frente de debate en el escenario energético nacional.