El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica: debate abierto sobre el futuro del sector nuclear
El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida quedó plasmada en el Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El decreto habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 51% quedará bajo control estatal, en manos de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El 5% restante se destinará a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Una decisión de alto voltaje político
La iniciativa confirma el rumbo de la administración libertaria en su plan de reducción de la participación estatal en empresas estratégicas, aunque sin perder el control accionario mayoritario en un área sensible como la generación nuclear. La jugada, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca atraer inversión privada y dotar de mayor dinamismo a una compañía con fuerte peso en la matriz energética nacional.
Sin embargo, la decisión abre un frente de debate en el terreno político y sindical. La oposición advierte sobre los riesgos de ceder parte de un sector estratégico vinculado no solo a la energía sino también a la soberanía tecnológica y a la seguridad nacional. En tanto, desde el oficialismo sostienen que la privatización parcial permitirá eficiencia, mayor competitividad y recursos frescos para ampliar la capacidad instalada.
Antecedentes y marco institucional
Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, con el objetivo de reorganizar las funciones que hasta ese momento dependían de la CNEA. Desde entonces, asumió la operación de Atucha I, Embalse y la construcción de Atucha II, siempre bajo normas de seguridad nuclear y radiológica estrictas.
El nuevo esquema mantiene al Estado como accionista mayoritario y garante de la seguridad nuclear, pero habilita la participación privada en la gestión y las decisiones estratégicas.
El texto publicado en el Boletín Oficial establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial. Estos organismos deberán fijar las condiciones de la licitación y supervisar la participación privada en la empresa.
La decisión se inscribe en la estrategia de Milei de redefinir el rol del Estado en sectores clave, con una lógica que combina control gubernamental con apertura al capital privado. En la oposición ya se anticipan cuestionamientos en el Congreso y desde sectores sindicales vinculados a la energía nuclear, que podrían activar medidas de fuerza.
Con este paso, el Gobierno pone en juego no solo un modelo de gestión empresarial sino también una definición política de fondo: hasta dónde se puede abrir al mercado un sector históricamente considerado estratégico para la soberanía energética argentina.
