El Gobierno busca avanzar con la privatización de las centrales térmicas Belgrano y San Martín
El Gobierno nacional sigue intentando avanzar en su plan de privatización de empresas públicas, un terreno en el que hasta ahora ha conseguido pocos resultados concretos, con la venta parcial de IMPSA como única excepción. La turbulencia económica, los bajos valores ofrecidos por los potenciales compradores y la complejidad técnica y legal de los procesos frenaron hasta el momento la desinversión estatal en varios sectores estratégicos.
Pese a ello, la decisión política de continuar con este camino parece firme. Tras anunciar la venta de parte de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina, el Ejecutivo apunta ahora a desprenderse de las centrales térmicas Belgrano (TMB) y San Martín (TSM). En ambas, el Estado nacional, a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa), posee cerca del 65% del paquete accionario.
En el proyecto de Presupuesto 2026, elaborado por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se incorporó el artículo 69, que exime del pago del Impuesto a las Ganancias a la transferencia de las acciones de las centrales San Martín y Belgrano desde los fideicomisos hacia sus propietarios finales: el Estado y los generadores privados.
La norma propuesta también extiende el beneficio fiscal a “todas las operaciones y actos tendientes a perfeccionar las transferencias e incorporación de dicho patrimonio”, siempre que Enarsa mantenga participación accionaria mayoritaria en las sociedades involucradas.
Cuando el Gobierno dispuso la privatización y reestructuración de Enarsa, la empresa que conduce Tristán Socas, incluyó entre los activos mencionados a las centrales térmicas. Sin embargo, decidió comenzar el proceso con Transener, ya que antes de avanzar en la venta de TMB y TSM debe liquidarse el fideicomiso que las administra, vencido hace cinco años tras la finalización del contrato original con los privados.
El principal obstáculo radica en que la transferencia de las acciones del fideicomiso a sus dueños implica el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los activos, lo que el Gobierno busca evitar mediante la inclusión del artículo 69 en el Presupuesto.
Con esta maniobra, el Ejecutivo intenta destrabar un paso clave para concretar la venta de las centrales térmicas y acelerar el proceso de desinversión estatal, en línea con su plan de reducción del gasto y reordenamiento del sector energético.
