El Gobierno convocará a gobernadores mineros y posterga el debate por la Ley de Glaciares hasta abril
Tras la realización de la audiencia pública en la Cámara de Diputados, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares entró en una pausa y, según fuentes parlamentarias, no habrá avances hasta al menos abril. En ese marco, el Gobierno nacional prevé convocar a gobernadores de provincias con actividad minera para intentar destrabar consensos antes de avanzar con la firma del dictamen.
La postergación refleja las diferencias que atraviesan la discusión. Mientras el oficialismo busca avanzar con modificaciones que, según argumenta, permitirían dinamizar inversiones en sectores estratégicos como la minería, distintos bloques de la oposición cuestionan tanto el contenido de la iniciativa como el proceso de debate.
Durante la audiencia pública, legisladores opositores y referentes ambientales advirtieron sobre presuntas irregularidades en la convocatoria y el desarrollo de la instancia participativa. En ese sentido, no descartan recurrir a la Justicia si el proyecto avanza sin mayores cambios.
Gobernadores en el centro de la negociación
El próximo paso del Ejecutivo será abrir una mesa de diálogo con mandatarios de provincias mineras, actores clave en la discusión. Distritos como San Juan, Catamarca y Jujuy vienen reclamando desde hace tiempo mayores certezas regulatorias para impulsar proyectos vinculados al litio, el cobre y otros recursos.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Sin embargo, sectores críticos advierten que cualquier flexibilización de la normativa vigente podría poner en riesgo áreas sensibles, en particular los glaciares y el ambiente periglacial.
Cuestionamientos y posible judicialización
Organizaciones ambientales y referentes políticos de la oposición consideran que el proceso legislativo careció de la profundidad necesaria y cuestionan la validez de la audiencia pública como instancia de participación real.
En ese contexto, evalúan presentar recursos judiciales para frenar el tratamiento del proyecto o incluso su eventual aprobación, en caso de que avance sin incorporar modificaciones sustanciales.
La discusión por la Ley de Glaciares vuelve así a un punto de alta tensión política, con posiciones enfrentadas entre quienes promueven una mayor apertura al desarrollo minero y quienes priorizan la preservación estricta de los ecosistemas de alta montaña. Abril se perfila como un mes clave para definir el rumbo de un debate que combina intereses económicos, ambientales y federales.
