Ley de Glaciares: el IANIGLA niega consultas oficiales y recalca el valor estratégico del hielo andino
En medio de un clima de fuertes declaraciones entre el Gobierno nacional, las provincias y las empresas mineras respecto de la necesidad de reglamentar o modificar la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) difundió un comunicado para fijar postura, aclarar su rol institucional y advertir sobre la relevancia de los inventarios como insumo técnico para la toma de decisiones.
La institución subrayó que no ha sido consultada oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de la Ley 26.639, pese a que en los últimos días trascendieron versiones en medios de comunicación sobre eventuales cambios normativos impulsados desde distintos sectores.
El alcance de la Ley y el rol del Instituto
El IANIGLA recordó que la Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de preservar estas reservas estratégicas de agua esenciales para el consumo humano, la actividad agrícola, la recarga de cuencas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
Asimismo, destacó que no es autoridad de aplicación, sino que su rol —definido en el artículo 5 de la Ley— es la elaboración y el monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares (ING), bajo la coordinación de la autoridad nacional competente, hoy la Subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Las provincias y la Administración de Parques Nacionales actúan como autoridades competentes según cada jurisdicción.
El Inventario es una herramienta técnico-científica que identifica y caracteriza las masas de hielo del país —glaciares, glaciares de escombros y manchones de nieve perenne— que funcionan como reservas hídricas y cuya información permite a las autoridades evaluar proyectos y tomar decisiones en el marco de la Ley.
El agua en las provincias: un recurso que depende de la nieve y el hielo
El comunicado también profundizó en un punto clave del debate: la procedencia del agua en provincias cordilleranas como Mendoza y San Juan. Según el IANIGLA, el abastecimiento hídrico —tanto superficial como subterráneo— proviene casi exclusivamente del aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial.
El ambiente periglacial, donde existe permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa una importante reserva de hielo subterráneo. En particular, los glaciares de escombros pueden contener entre el 35 % y el 70 % de hielo en su estructura, conformando reservas hídricas potenciales que cumplen un rol esencial en la regulación de caudales. En los Andes Áridos, este aporte puede representar entre un 25 % y un 50 % del caudal total, especialmente durante años secos.
Actualización del Inventario y nuevos datos
El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado en junio de 2018. Tras su publicación, comenzaron los procesos de actualización regional. En diciembre de 2024 se difundió la actualización correspondiente a los Andes Desérticos, y actualmente se trabaja en la región de los Andes Centrales —que incluye a San Juan y Mendoza—, cuya finalización está prevista para el primer semestre de 2026.
Según el ING de 2018, la cordillera de los Andes contaba con 5.769 km² de hielo, de los cuales 674 km² correspondían a glaciares de escombros. Esto representa solo el 1 % de la superficie cordillerana y, en el caso de Mendoza, apenas el 0,8 % del territorio provincial.
Sin embargo, la actualización en la región de los Andes Desérticos mostró una reducción del 17 % en la superficie glaciar y del 23 % en los manchones de nieve perennes en aproximadamente una década, datos que evidencian cambios significativos en las reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los recursos hídricos.
El pronunciamiento del IANIGLA llega en un momento de fuerte discusión nacional sobre la normativa que regula la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Mientras empresas y algunas provincias solicitan revisiones para permitir mayores niveles de desarrollo, organizaciones ambientales reclaman fortalecer la aplicación de la Ley.
En este escenario, el Instituto buscó reafirmar su función técnico-científica y subrayar que toda modificación o reglamentación debe considerar información actualizada, precisa y basada en evidencia, en línea con la protección de los recursos estratégicos que representan los glaciares para la Argentina.
