Ley de Glaciares en debate: claves y desafíos ambientales de una reforma que vuelve al Senado
A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei, en el Senado estiman retomar la actividad legislativa a partir del lunes 2 de febrero. En la agenda no solo figura el proyecto de reforma laboral, sino también —con menor visibilidad pública— la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que vuelve a encender el debate ambiental en torno al desarrollo minero.
La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, cuenta con el respaldo de los gobernadores de las provincias mineras, más allá de su signo político, y apunta a introducir cambios en la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional.
Qué plantea la reforma
El proyecto propone otorgar mayor control a las provincias sobre sus territorios, particularmente en lo referido a la posibilidad de avanzar en contratos para la explotación de minerales estratégicos, como el cobre. En la práctica, esto implicaría una redefinición del alcance de la protección ambiental vigente, en un contexto de fuerte impulso a la minería como motor de divisas y desarrollo productivo.
La iniciativa ya cuenta con dictamen y uno de sus puntos más sensibles es la modificación del rol del Inventario Nacional de Glaciares. Según el texto, los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrían determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede excluido del inventario oficial si consideran que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA —organismo científico responsable del relevamiento— estaría obligado a eliminarlo del registro.
Claves ambientales del debate
Desde una mirada ambiental, el eje del debate gira en torno a la protección de las fuentes de agua en un escenario de cambio climático, donde los glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol crítico como reguladores hídricos, especialmente en regiones áridas y semiáridas.
La ley vigente fue concebida bajo el principio precautorio, priorizando la conservación de estos ecosistemas frente a actividades extractivas de alto impacto. La posibilidad de reducir el alcance del inventario genera preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre el riesgo de fragmentar la protección y de subordinar criterios científicos a decisiones administrativas o económicas.
Desafíos y tensiones
Uno de los principales desafíos que plantea la reforma es equilibrar el desarrollo minero con la protección ambiental. La minería del cobre es clave para la transición energética global, pero su avance en zonas sensibles reabre preguntas sobre los límites del aprovechamiento de los recursos naturales.
Otro punto crítico es la gobernanza ambiental: trasladar mayor poder de decisión a las provincias puede fortalecer el federalismo, pero también generar asimetrías en los estándares de protección, dependiendo de las urgencias económicas y políticas de cada distrito.
Finalmente, está en juego la credibilidad del sistema de evaluación ambiental. El rol del IANIGLIA como organismo técnico-científico independiente es central para garantizar decisiones basadas en evidencia. Cualquier modificación que debilite esa función podría impactar en la confianza pública y en la seguridad jurídica de largo plazo.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias en el horizonte, la reforma de la Ley de Glaciares se perfila como uno de los debates más sensibles del verano legislativo. En el cruce entre desarrollo, ambiente y federalismo, el desafío será definir si la Argentina puede avanzar hacia un modelo productivo que integre crecimiento económico sin poner en riesgo reservas de agua clave para las futuras generaciones.
