Ley de Glaciares: tensiones políticas y advertencias técnicas marcan la segunda jornada de debate

Debate Glaciares

La segunda sesión de tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares dejó al descubierto un escenario de creciente tensión política y técnica, con posiciones cada vez más definidas entre oficialismo y oposición, y fuertes advertencias desde el ámbito científico.

Tras la jornada, emergieron dos estrategias contrapuestas. Por un lado, el bloque de Unión por la Patria impulsa la convocatoria a una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre el futuro del régimen de protección de glaciares. Por otro, el oficialismo avanza con la intención de convocar a una sesión especial el próximo 8 de abril con el objetivo de convertir la iniciativa en ley.

En paralelo, se presume que el Gobierno buscará garantizar la participación de gobernadores de provincias con fuerte proyección minera, replicando la estrategia utilizada en el Senado para fortalecer apoyos políticos a la reforma. Frente a este escenario, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó ampliar la convocatoria a mandatarios provinciales, incluyendo a aquellos cuyos territorios podrían verse afectados en sus cuencas hídricas.

“Es necesario incorporar a los gobernadores de aquellas provincias cuyas cuencas podrían verse comprometidas como consecuencia de eventuales modificaciones al régimen vigente”, advirtió el legislador.

Advertencias desde el ámbito científico

Durante la audiencia pública, que incluyó exposiciones virtuales de especialistas, una de las voces más relevantes fue la de Pablo Eugenio Villagra, representante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo encargado del Inventario Nacional de Glaciares.

El especialista cuestionó la propuesta en debate por considerar que no contempla adecuadamente el concepto de presupuestos mínimos ambientales. “Esta nueva propuesta no considera la importancia del presupuesto mínimo, que uniformice la protección de todos los procesos hidrológicos que exceden los límites interjurisdiccionales”, sostuvo.

Además, alertó sobre la falta de financiamiento específico para garantizar la continuidad del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta clave para la protección de estos ecosistemas. “La nueva legislación sigue sin incluir un presupuesto para garantizar el inventario, lo que deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre”, agregó.

Un debate con impacto estratégico

La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares no solo involucra cuestiones ambientales, sino también intereses económicos vinculados al desarrollo minero y la gestión de recursos hídricos, en un contexto donde el acceso al agua se vuelve cada vez más crítico.

Con posiciones aún alejadas y un calendario legislativo en marcha, el debate promete intensificarse en las próximas semanas, con la mirada puesta en la sesión prevista para abril, que podría definir el futuro de uno de los marcos regulatorios ambientales más relevantes del país.