Más de 350 organizaciones piden repetir la audiencia pública por la Ley de Glaciares y denuncian irregularidades

Más de 350 organizaciones, asambleas y colectivos de todo el país reclamaron a la Cámara de Diputados la realización de una nueva audiencia pública en el marco del proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, tras denunciar graves irregularidades en el proceso de participación llevado adelante.

El pedido surge luego de las audiencias realizadas los días 25 y 26 de marzo, en las que se inscribieron más de 102.000 personas para exponer. Sin embargo, menos de 200 lograron hacer uso de la palabra. Según expresaron en una carta dirigida a las autoridades legislativas, “esta desproporción no solo resulta injustificada, sino que distorsiona gravemente el sentido de una participación social amplia, inclusiva y efectiva”.

Las organizaciones también cuestionaron la definición de un cronograma acotado a solo dos jornadas, sin contemplar la magnitud de la convocatoria ni la relevancia del debate. “No existió voluntad de ampliar los plazos ni de brindar explicaciones sobre la urgencia en el tratamiento de un proyecto que podría comprometer seriamente la seguridad hídrica del país”, señalaron.

En el documento, además, se enumeran diversas irregularidades registradas durante las audiencias: reducción arbitraria del tiempo de exposición, intervenciones de personas no inscriptas, impedimentos para participantes registrados —incluidos aquellos que viajaron largas distancias— y reiteradas interrupciones por parte de legisladores. También denunciaron la incorporación de modalidades no previstas y la aplicación de criterios discrecionales que limitaron el alcance del proceso participativo.

En este contexto, advirtieron que lo ocurrido vulnera los principios de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú, al tiempo que calificaron la instancia como una audiencia “fraudulenta”, donde la mayoría de las voces no pudo ser escuchada.

Por ello, solicitaron formalmente la convocatoria a una nueva audiencia pública que garantice condiciones equitativas, la ampliación del cronograma para permitir la participación de todas las personas inscriptas, el respeto de las reglas establecidas y la incorporación efectiva de las opiniones vertidas en el proceso.

“Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido”, concluyeron.