Organizaciones advierten que el veto parcial en Chaco no resuelve los problemas estructurales de la política forestal
Ante el reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R, tres de las principales organizaciones ambientales del país —Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas— señalaron que la medida, si bien evitó la consolidación de un mecanismo de blanqueo de madera ilegal, resulta insuficiente y mantiene sin cambios los principales problemas de la política forestal provincial.
El artículo 45 bis, finalmente vetado, habilitaba descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de deforestación ilegal, bajo la figura de un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Para las organizaciones, esta herramienta carente de definición normativa generaba riesgos jurídicos y ambientales, además de contradecir la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos.
Las ONG remarcan que el veto no modifica la situación de fondo: en 2024, más de la mitad de la madera que circuló legalmente en Chaco se blanqueó mediante “autorizaciones especiales”, una práctica basada en la interpretación laxa del artículo 53 de la Ley 2079-R. Además, los infractores siguen accediendo a rebajas de hasta el 50% en multas y facilidades de pago en hasta 12 cuotas, beneficios que reducen el efecto disuasorio del régimen sancionatorio.
Ordenamiento Territorial cuestionado
Otro de los puntos críticos es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que la provincia mantiene regresivo y acreditado solo parcialmente. Según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional, importantes áreas aún carecen de categorización y protección efectiva, lo que genera vacíos legales que comprometen la gestión sostenible de los bosques.
Si bien el polígono regresivo más grande fue observado por Nación, se convalidó la reducción de categoría en cientos de miles de hectáreas en otras zonas. En paralelo, la Resolución 668/2025 del Ministerio de Producción provincial ordenó dar curso a solicitudes de permisos forestales bajo el OTBN, salvo aquellas afectadas por una medida cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Las organizaciones insisten en la urgencia de completar la zonificación del OTBN con criterios participativos y en línea con la Ley 26.331. También reclaman un régimen sancionatorio más transparente, eficaz y realmente disuasivo, y cuestionan que la reforma se haya aprobado sin un proceso de consulta abierto y riguroso.
Finalmente, remarcan que la deforestación ilegal debe considerarse un delito penal y no solo una infracción administrativa. “Solo con un enfoque robusto en materia legal y de política pública será posible revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta a la región chaqueña y al país”, advirtieron.
