Privatizaciones: Entre Ríos advierte sobre posibles impactos en tarifas y autonomía energética
La decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la privatización de Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país, encendió luces de alarma en Entre Ríos. Si bien se estima que la venta del paquete accionario estatal podría recaudar entre 150 y 200 millones de dólares, autoridades y especialistas advierten que los costos invisibles para la provincia podrían ser mucho mayores.
Enersa, la empresa distribuidora de energía eléctrica de Entre Ríos, depende casi en su totalidad del suministro que le llega a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), cuya infraestructura es operada en su mayoría por Transener. Cualquier modificación en las condiciones tarifarias, técnicas o contractuales impuesta por un nuevo operador privado podría tener un efecto directo sobre el costo mayorista que enfrenta la distribuidora provincial.
Si ese eventual aumento no es absorbido con subsidios públicos —algo improbable en el actual contexto de ajuste fiscal—, se trasladaría directamente a las tarifas que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la provincia.
Además del impacto económico, desde Entre Ríos advierten que la pérdida del control estatal sobre Transener debilita aún más la posición de las provincias en el sistema energético nacional. Actualmente, Enersa no tiene poder de negociación directa sobre el transporte eléctrico, y la falta de representación efectiva en los órganos reguladores y de decisión deja a la provincia en una situación de mayor vulnerabilidad.
El panorama podría agravarse si el Gobierno decide desprenderse también del 19,57 % de las acciones de Transener que aún están en manos de la ANSES. En ese caso, la retirada del Estado nacional sería total, consolidando un esquema de privatización sin mecanismos de compensación o participación federal.
Esta medida se suma a otras iniciativas privatizadoras impulsadas por la administración de Javier Milei, como las que afectan a AySA e IMPSA. En todos los casos, el patrón se repite: liquidación de activos estratégicos sin garantías para las provincias. Entre Ríos, a pesar de ser una generadora neta de energía renovable, podría quedar atada a decisiones tomadas lejos de su territorio y sin una mirada integradora del federalismo energético.
