Avanza el proyecto de Rockhopper en Malvinas con respaldo de capital británico e israelí
La empresa británica Rockhopper Exploration anunció una nueva inyección de capital por 140 millones de dólares para avanzar con la primera fase de producción del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido.
El financiamiento fue asegurado mediante la emisión de más de 198 millones de nuevas acciones y permitirá encarar la perforación de siete pozos productores, además de un pozo inyector de gas y tres de agua. Esta etapa inicial del controvertido emprendimiento prevé una producción diaria de 55.000 barriles de petróleo, con la posibilidad de alcanzar un pico superior a 150.000 barriles diarios en fases posteriores.
El megaproyecto se encuentra dentro del Bloque 14/10, en las licencias PL032 y PL004b, otorgadas unilateralmente por el Reino Unido, sin reconocimiento por parte de Argentina, que considera la actividad como ilegal y violatoria del derecho internacional.
Rockhopper, que opera el proyecto, tiene una participación del 35%, mientras que la compañía israelí Navitas Petroleum controla el 65% restante, tras reemplazar en 2022 a Harbour Energy.
Desde el Gobierno argentino se ha reiterado en distintas instancias diplomáticas que estas actividades no autorizadas constituyen una violación a la soberanía nacional y a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instan a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el territorio en disputa.
El relanzamiento del proyecto Sea Lion se da en un contexto geopolítico sensible. Aún se desconoce si el tema será abordado durante la visita oficial del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Argentina prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. La posible participación de empresas israelíes en explotaciones ilegales en territorio argentino podría agregar tensión al encuentro.
El campo Sea Lion fue descubierto en 2010 y desde entonces ha sido objeto de estudios sísmicos, perforaciones y diversas rondas de financiación. La Fase 2, aún en evaluación, contempla extender la producción hacia el bloque Isobel-Elaine, lo que incrementaría aún más el volumen de crudo extraído en la plataforma continental argentina.
El avance de este tipo de proyectos en el Atlántico Sur pone en discusión no solo la cuestión de soberanía territorial, sino también los impactos ambientales de una explotación offshore a gran escala en una región ecológicamente sensible, sin controles del Estado argentino y en abierta contradicción con los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.
Desde distintos sectores políticos, ambientales y diplomáticos se espera una posición firme del Gobierno argentino para frenar esta nueva avanzada sobre los recursos naturales del país.
