Denuncian deforestación ilegal en Santiago del Estero y Chaco: más de 31.000 hectáreas arrasadas en seis meses
En los primeros seis meses de 2025, la deforestación ilegal en las provincias de Santiago del Estero y Chaco alcanzó niveles alarmantes: más de 31.000 hectáreas arrasadas, el equivalente a una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Así lo denunció Greenpeace Argentina tras analizar imágenes satelitales que revelan el avance de los desmontes en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques.
Según el relevamiento, Santiago del Estero fue la provincia más afectada, con 22.315 hectáreas deforestadas de manera ilegal, mientras que en Chaco se detectaron 8.685 hectáreas de pérdida de bosque nativo.
“Las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión de los desmontes. Cuando son bajas, los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas, ponen sus abogados para no pagarlas”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Denuncias de complicidad estatal
Desde la organización ecologista no solo señalan a los sectores productivos como responsables, sino también a las autoridades provinciales. “Es evidente que hay complicidad de los gobiernos. En Santiago del Estero se autorizan desmontes para ganadería donde la ley no lo permite, mientras que en Chaco no se controla lo suficiente para hacer cumplir el fallo de la Justicia que suspendió los desmontes”, remarcó Giardini.
Ambas provincias forman parte del Gran Chaco argentino, una de las regiones más biodiversas del país y también una de las más afectadas por la deforestación. A pesar del compromiso asumido por Argentina en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, donde se prometió alcanzar la Deforestación Cero para 2030, los desmontes ilegales persisten.
Un llamado urgente: penalizar la deforestación
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, insistió Giardini.
En este contexto, Greenpeace lanzó una campaña ciudadana a través del sitio votaporlosbosques.org, donde más de 267.000 personas ya se sumaron al pedido para que los desmontes ilegales y los incendios forestales sean tipificados como delitos penales.
La organización continúa monitoreando los focos de deforestación en el norte argentino y alerta sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas que provoca la pérdida de los últimos bosques nativos del país.
