El acuerdo con el FMI, bajo la lupa por sus efectos sobre la deuda, el empleo y el ambiente
En la antesala de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y en medio del debate por el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación, cinco organizaciones presentaron el informe “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina”. El documento cuestiona la sostenibilidad del programa acordado con el organismo internacional y advierte sobre sus consecuencias para la economía, los derechos humanos y el ambiente.
El trabajo fue elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y el Center for Economic and Social Rights. Entre sus principales conclusiones, señala que, sin los desembolsos del FMI, no se habría registrado una acumulación neta de reservas, mientras que el peso de los servicios de la deuda y el ajuste sobre las políticas públicas continúan generando preocupación.
El informe también identifica contradicciones entre las medidas económicas del Gobierno nacional y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos y acción climática, en particular los establecidos en el Acuerdo de París.
Francisco Cantamutto, economista e integrante del ETFE, sostuvo que el organismo debería revisar su respaldo al programa vigente.
“El FMI debería revisar su apoyo al programa actual en la Argentina, pues incluso considerando que ha tenido algunos logros en materia de estabilización, presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población, y aun así no logra recomponer el acceso al mercado de capitales para el país que sigue dependiendo de préstamos de orden político”, afirmó.
El RIGI y la concentración de las inversiones en actividades extractivas
Uno de los ejes del documento es el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre la estructura productiva argentina. Según las organizaciones, el régimen favorece la concentración de inversiones en sectores como la minería y los hidrocarburos, al tiempo que plantea interrogantes sobre la generación de empleo, la diversificación económica y la compatibilidad con los compromisos climáticos.
Julia Gerlo, integrante del equipo de Investigación de FARN, señaló que el RIGI, a dos años de su sanción, consolidó una orientación productiva centrada en actividades extractivas.
“El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó un perfil extractivo, concentrando las inversiones principalmente en sectores como la minería y los hidrocarburos, y profundizando un modelo de especialización productiva que obstaculiza la diversificación de la estructura productiva argentina”, expresó.
De acuerdo con el informe, el 99% de los US$138.000 millones comprometidos en proyectos bajo el régimen corresponde a iniciativas vinculadas con hidrocarburos y minería, que generarían alrededor de 14.240 empleos directos.
Las organizaciones contrastan estas proyecciones con las dificultades que atraviesan sectores con una importante capacidad de generación de empleo, como el comercio, la industria y la construcción.
Además, advierten que el mecanismo de arbitraje internacional contemplado en el régimen podría generar contingencias fiscales para el Estado ante eventuales cambios en las políticas públicas. A esto se suman, según el análisis, las tensiones entre la expansión de las actividades extractivas y los compromisos climáticos asumidos por el país.
Presupuesto 2027: alertan por los recortes en políticas ambientales
El documento también pone el foco en el proyecto de Presupuesto 2027, que, según las organizaciones, prolongaría el desfinanciamiento de las políticas ambientales y reduciría la transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
Entre los datos señalados, el informe estima que la Subsecretaría de Ambiente contaría con un presupuesto real un 84,3% inferior al de 2023. Asimismo, advierte que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibiría recursos 25 veces menores a los establecidos por la Ley 26.331.
Gerlo sostuvo que los recortes presupuestarios limitan la capacidad estatal para sostener las políticas de protección ambiental y acción climática, en un contexto de expansión de la frontera extractiva.
“Argentina avanza en una dirección contraria a sus compromisos climáticos, profundizando su dependencia de los combustibles fósiles y expandiendo la frontera extractiva hacia nuevas geografías, como el Golfo San Matías. Al mismo tiempo, el ajuste presupuestario debilita la capacidad del Estado para sostener la acción climática”, afirmó.
La investigadora también advirtió sobre los posibles efectos económicos de esta orientación, entre ellos la salida de divisas, los beneficios fiscales otorgados a través del RIGI, la limitada generación de empleo directo y la exposición a las fluctuaciones de los precios internacionales.
Otro punto señalado es el cierre de fondos fiduciarios, incorporado como un parámetro estructural del acuerdo con el FMI. Según las organizaciones, esta medida podría dificultar el seguimiento de los recursos públicos. También cuestionan que el proyecto de Presupuesto no detalle cuánto dejaría de recaudar el Estado por los beneficios fiscales previstos en el régimen de inversiones.
Cuestionamientos a la evaluación de sostenibilidad de la deuda
En materia financiera, el informe pone en duda los fundamentos utilizados por el FMI para considerar sostenible la deuda argentina. Según el documento, el organismo mantiene ese diagnóstico, aunque reconoce que existe una probabilidad baja de sostenibilidad.
Las organizaciones comparan esta evaluación con las realizadas en los programas de 2018 y 2022, que, de acuerdo con su análisis, estuvieron seguidas por nuevas crisis de sostenibilidad de la deuda.
El documento también advierte que la dependencia de los desembolsos del organismo para sostener la acumulación de reservas y la falta de recuperación del acceso al mercado internacional de capitales constituyen factores de vulnerabilidad para la economía argentina.
Frente a este escenario, las entidades firmantes reclaman que el FMI revise el programa acordado con el Gobierno nacional y que las evaluaciones de sostenibilidad incorporen, además de las variables fiscales y financieras, los impactos sociales, ambientales e institucionales de las medidas económicas.
El planteo central del informe es que la estabilidad macroeconómica no puede evaluarse únicamente a partir de los indicadores financieros, sino que también debe considerar sus consecuencias sobre las condiciones de vida de la población, la capacidad productiva del país y la protección de los ecosistemas.
Las organizaciones sostienen que una revisión del enfoque actual resulta necesaria para evitar que las medidas destinadas a afrontar la deuda profundicen las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales de la Argentina.
