El Gobierno avanza en la reprivatización de las represas del Comahue y crecen los reclamos de las provincias

Neuquén y Río Negro buscan incidir en el diseño del nuevo esquema de concesión y garantizar beneficios por la generación hidroeléctrica.

El próximo 24 de abril, el gobierno nacional dará el paso formal para lanzar el proceso de reprivatización de las represas del Comahue, un complejo hidroeléctrico clave para el sistema energético nacional. En este marco, las provincias de Neuquén y Río Negro intentarán hacer valer sus planteos en una instancia de diálogo que sigue abierta, pero en la que persisten importantes diferencias con la Nación.

En declaraciones a Mitre Patagonia, el ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén, Rubén Etcheverry, explicó que la postura del gobierno neuquino es dialoguista, pero con reclamos firmes. “Hemos tenido charlas técnicas, de diálogo, como siempre nos impone el gobernador Rolando Figueroa, de no ir a la confrontación”, indicó el funcionario, quien encabeza el análisis de los pliegos de licitación.

Sin embargo, reconoció que existen “muchas diferencias, algunas conceptuales, otras económicas, de participación” con el diseño nacional del proceso. Entre los principales reclamos provinciales figura la necesidad de que se reconozca el valor real de la energía hidroeléctrica, que hoy está “subvalorada” a pesar de tratarse de una fuente renovable y de entrega permanente.

“La energía hidroeléctrica tiene una mejor calidad por ser renovable, pero además, como son represas de embalse, es energía firme. Esa característica no solo que no es premiada, sino castigada. Cobramos casi un tercio del precio de la energía de mercado”, explicó Etcheverry.

Regalías y reclamos históricos
Uno de los puntos más conflictivos es el tope del 20% para cobrar regalías en especie, impuesto por una resolución de la Secretaría de Energía que, según Etcheverry, es “ilegal”. La provincia reclama su eliminación y que se remunere esta energía “como a cualquier otra renovable”.

Como respuesta, el Gobierno nacional propuso una tabla de crecimiento progresivo para aumentar gradualmente el porcentaje de energía que puede ser considerada de mercado y mejorar la remuneración. Actualmente, el 100% de lo generado por las represas se paga como demanda prioritaria, a un valor castigado de 15 dólares por megavatio hora. El esquema propuesto comenzaría reconociendo un 5% como energía de mercado, con un incremento anual.

“Lo que pretendemos nosotros es que toda la energía sea considerada de mercado y que no haya ningún tope a la recepción de regalías en especie”, enfatizó el ministro.

Obras postergadas y obligaciones para futuros concesionarios
Además de los aspectos económicos, la provincia impulsa que los futuros adjudicatarios —sean nuevos actores o las mismas empresas actuales— asuman obligaciones de inversión en obras de infraestructura, sobre todo vinculadas al manejo del agua y la prevención de crecidas.

Etcheverry recordó que muchas de esas obras fueron previstas hace más de 30 años y nunca se ejecutaron. Citó como ejemplo la regulación del río Neuquén, con la posibilidad de construir una derivación desde Portezuelo hacia el lago Los Barreales, y la adecuación del vertedero de Arroyito.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Portezuelo Grande, parte del complejo Cerros Colorados. La Justicia había condenado al Estado nacional a realizar obras para garantizar la seguridad de esa presa, ampliando su capacidad frente a una crecida máxima probable de 14.520 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha avanzado en su ejecución.

Portezuelo Grande es la única obra del sistema que no embalsa el agua, sino que la deriva hacia los lagos Los Barreales y Mari Menuco, clave para el abastecimiento energético y la seguridad hídrica de la región.