El Gobierno posterga el debate por la Ley de Glaciares en Diputados y gana tiempo en una votación clave
En un movimiento que reconfigura la agenda parlamentaria y expone la delicada aritmética política del oficialismo, el Gobierno decidió dilatar el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, postergando su posible debate en el recinto para abril. La decisión, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, marca un giro respecto del cronograma que se barajaba a comienzos de la semana, cuando se esperaba un tratamiento exprés similar al que tuvo la iniciativa en el Senado.
El cambio quedó expuesto durante el plenario de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales. Allí, el presidente de esta última, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, sorprendió al anunciar un nuevo esquema de trabajo: dos jornadas de audiencias públicas, una presencial el 25 de marzo y otra virtual el 26 de marzo.
Con ese calendario, el oficialismo apunta a obtener dictamen en la semana del 8 de abril y llevar el proyecto al recinto entre mediados y fines del mes próximo.
Un freno en una ley que parecía avanzar rápido
La decisión contrasta con la velocidad con la que el proyecto avanzó en el Senado, donde ya obtuvo media sanción. Hasta hace pocos días, en los pasillos del Congreso se especulaba con que la Cámara baja pudiera emitir dictamen esta misma semana y sancionar la ley antes de fin de mes.
La postergación dejó en evidencia que el escenario político es más complejo de lo que sugería el discurso oficial. Según estimaciones de la oposición, el conteo de votos está extremadamente ajustado: alrededor de 132 legisladores a favor y 129 en contra, con al menos 13 indecisos.
Entre ellos aparecen figuras clave del espacio dialoguista como Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, además de legisladores del radicalismo y del bloque de Unión por la Patria que podrían votar de manera dividida.
“Este es un pequeñísimo triunfo. Nosotros ganamos tiempo, pero ellos también lo tienen”, reconoció un diputado opositor, que interpretó la decisión como un intento del oficialismo de ordenar su mayoría antes de ir al recinto.
Riesgo de judicialización y presión minera
Detrás de la decisión también aparece un factor jurídico: el temor a que la norma termine judicializada si no se cumple con determinados requisitos de participación pública.
La Argentina es firmante del Acuerdo de Escazú, que establece mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana en temas ambientales. Desde la oposición sostienen que el Congreso está obligado a garantizar audiencias públicas previas y abiertas antes de modificar la legislación.
Mayoraz, sin embargo, relativizó esa interpretación. Según explicó, el acuerdo obliga a garantizar una instancia de participación, pero no necesariamente en ambas cámaras ni mediante audiencias públicas formales, por lo que las exposiciones realizadas durante el tratamiento en el Senado podrían considerarse suficientes.
“Vamos a aceptar la más amplia participación, pero las opiniones no son vinculantes”, aclaró el diputado.
Al mismo tiempo, las empresas mineras también hicieron sentir su preocupación. El sector reclama que la normativa tenga claridad jurídica para evitar que nuevos proyectos queden atrapados en litigios judiciales.
La discusión ocurre en paralelo a la estrategia oficial de posicionar al país como proveedor global de minerales críticos. Durante la reciente Argentina Week realizada en Nueva York, funcionarios y empresas del sector debatieron la necesidad de “desbloquear la frontera minera” y aprovechar el potencial del país en la transición energética.
Provincias divididas
La disputa política también se refleja en el mapa federal. En el último encuentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), las provincias quedaron empatadas 8 a 8 respecto de la modificación de la ley, con varias abstenciones relevantes como Neuquén, Corrientes y Santiago del Estero.
Ese escenario muestra que la discusión no se limita al Congreso, sino que atraviesa intereses productivos, ambientales y fiscales de las provincias cordilleranas.
Un debate que recién empieza
Pese a la dilación, en el oficialismo confían en que el proyecto terminará siendo aprobado. Argumentan que la media sanción del Senado genera un efecto político que terminará inclinando la balanza en Diputados.
Sin embargo, el nuevo calendario confirma que la reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los debates ambientales y económicos más sensibles del año, donde se cruzan la estrategia minera del Gobierno, las advertencias ambientales y una votación parlamentaria que podría definirse por apenas unos pocos votos.
