Justicia ambiental frente al cambio climático: La Pampa destacó el rol del Estado ante las emergencias climáticas
En el marco de la Agenda Ambiental Latinoamericana, y durante un debate realizado en el Auditorio Estela Barnes de Carlotto sobre el impacto del fenómeno de El Niño en una región atravesada por profundas desigualdades, la secretaria Basso puso el foco en la necesidad de garantizar justicia ambiental frente al cambio climático.
Durante su intervención, advirtió que los eventos meteorológicos extremos profundizan las brechas sociales y afectan con mayor intensidad a los sectores más vulnerables. En ese sentido, cuestionó el repliegue del Estado y las respuestas basadas exclusivamente en criterios de mercado, y defendió la implementación de políticas públicas que garanticen que las comunidades más desprotegidas no sean las principales perjudicadas por las catástrofes climáticas.
Como ejemplo de gestión preventiva, destacó el trabajo que lleva adelante el Gobierno de La Pampa a través de la conformación de la Unidad de Gestión ante Contingencias Hidrometeorológicas y las inversiones provinciales destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las comunidades.
Aportes técnicos y territoriales
La delegación pampeana estuvo integrada por la subsecretaria de Ambiente, Mónica Alvarez Redondo; el director de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Martín Zunino; y la responsable del área de Educación Ambiental, Jorgelina Wals.
En las mesas de trabajo, Alvarez Redondo presentó las políticas provinciales de conservación de la biodiversidad, el desarrollo de reservas naturales urbanas y las acciones de la mesa provincial dedicada a la protección de aves frente a los riesgos que representa el tendido eléctrico.
La participación de La Pampa en la Agenda Ambiental Latinoamericana reafirmó la importancia de abordar la emergencia climática y las desigualdades territoriales desde una perspectiva de derechos.
La provincia sostuvo que los desafíos ambientales requieren planificación estratégica, evidencia científica, soberanía hídrica y un Estado presente, capaz de impulsar políticas de prevención, protección y respuesta. El objetivo es garantizar que el acceso a un ambiente sano sea reconocido y protegido como un derecho humano fundamental.
