La Corte Internacional de Justicia sienta un precedente histórico: los Estados son legalmente responsables por sus emisiones de carbono
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un pronunciamiento sin precedentes que podría redefinir el rumbo de la acción climática global. En su primera Opinión Consultiva sobre el clima, el más alto tribunal de Naciones Unidas determinó que los Estados son legalmente responsables por sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y que la falta de acción climática puede constituir un acto internacionalmente ilícito.
La decisión se basa en principios del Derecho Internacional vinculante y deja en claro que los gobiernos, y por extensión también las empresas, están obligados a frenar la contaminación climática y a reparar los daños ocasionados a los países y comunidades más vulnerables.
“El hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas para proteger el sistema climático… puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”, señaló el juez Iwasawa Yuji, presidente de la CIJ, durante la presentación del fallo. Y agregó: “En caso de que la restitución resulte materialmente imposible, los Estados responsables tienen la obligación de indemnizar”.
El tribunal también hizo hincapié en que los países no tienen discrecionalidad absoluta en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), compromisos que deben asumir en virtud del Acuerdo de París. Por el contrario, indicó que estas contribuciones deben elaborarse con un alto estándar de diligencia debida y representar “la mayor ambición posible” de cada Estado para alcanzar los objetivos climáticos acordados internacionalmente.
Además, la Corte reafirmó el papel central de la ciencia climática y la necesidad de pasar de compromisos voluntarios a obligaciones jurídicas claras: “Esto representa una preocupación de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida”, sostuvo el magistrado.
Impacto global
Se espera que este pronunciamiento histórico tenga un efecto dominó en los litigios climáticos a nivel global. Diversos tribunales nacionales podrían usar esta Opinión Consultiva como referencia en juicios en curso y futuros, especialmente aquellos dirigidos contra empresas de combustibles fósiles.
Además, la decisión de la CIJ refuerza el reclamo de justicia climática de los países del sur global, que históricamente han sido los menos responsables del calentamiento global pero sufren sus peores consecuencias. A partir de ahora, podrán exigir con mayor sustento jurídico que los Estados más emisores –y sus industrias– reduzcan sus emisiones y ofrezcan reparaciones por los daños causados.
El impulso de los jóvenes del Pacífico
Este avance legal no fue espontáneo: detrás de la histórica Opinión Consultiva hay una innovadora campaña liderada por jóvenes estudiantes de Derecho del Pacífico Sur. Desde 2019, impulsaron la iniciativa junto con el Gobierno de Vanuatu, el colectivo Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y la organización World’s Youth for Climate Justice (WYCJ). Su esfuerzo conjunto logró que la Asamblea General de la ONU aprobara por unanimidad la solicitud de este dictamen, con el respaldo de más de 1.500 organizaciones alrededor del mundo.
La Opinión Consultiva marca un antes y un después en el reconocimiento de que el cambio climático no es solo un problema ambiental o económico, sino también una cuestión de derechos humanos y justicia internacional.
