La UNCuyo presentó el informe de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge

El informe de impacto ambiental elaborado por la universidad advierte sobre riesgos hídricos, toxicológicos y sociales. Persisten las resistencias vecinales y la falta de licencia social.

El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó recientemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero San Jorge, elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), como parte del proceso de evaluación a cargo de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). El extenso documento, de 186 páginas, analiza diversos aspectos del proyecto, desde los recursos hídricos hasta la biodiversidad y los efectos sociales. La conclusión fue contundente: el emprendimiento “cumple parcialmente” con lo establecido por la legislación vigente, con al menos 26 incumplimientos graves.

Entre los puntos críticos del informe se destacan la falta de estudios sobre caudales de agua, la ausencia de información precisa sobre las sustancias tóxicas que podrían liberarse en el ambiente, y una evaluación social insuficiente. Los incumplimientos identificados abarcan desde aspectos técnicos hasta vacíos legales que, según la UNCuyo, comprometen seriamente la viabilidad ambiental del proyecto en su forma actual.

El proyecto San Jorge —ubicado en la localidad de Uspallata— es impulsado por la firma suiza Zonda Metals GmbH, del Grupo Solway, en sociedad con el Grupo Alberdi de Argentina. Esta es la segunda vez que la iniciativa intenta avanzar: ya había sido rechazada hace más de 15 años tras una fuerte movilización popular, cuando se presentaba con otra denominación empresarial. Hoy, la oposición vecinal persiste y el proyecto sigue sin contar con licencia social.

A pesar de los cuestionamientos técnicos y sociales, el Gobierno provincial avanza en el proceso de evaluación. El pasado 17 de marzo, la CEIAM realizó una visita técnica al sitio del proyecto, de la que participaron once organismos, entre ellos la Fundación UNCuyo. Fue en ese marco que se presentó el informe crítico, que pone en duda la factibilidad del proyecto bajo parámetros de sustentabilidad y legalidad ambiental.

Además de las objeciones técnicas, el conflicto social sigue escalando. El pasado 10 de enero, cuando se reingresó el EIA, se registraron protestas vecinales en la zona. A raíz de estas manifestaciones, dos personas —Mauricio Cornejo y Federico Soria— fueron detenidas y luego liberadas el 3 de abril por orden de la jueza Tula, aunque la causa judicial en su contra permanece abierta.

Organizaciones socioambientales recuerdan que no existen antecedentes de pueblos mineros sin impactos negativos: la contaminación de suelos, cuencas hídricas, aire y afectaciones a la salud humana son una constante en zonas explotadas por la megaminería. En ese contexto, el informe de la UNCuyo refuerza los argumentos de quienes exigen la cancelación definitiva del proyecto San Jorge.

Mientras tanto, la resistencia de las comunidades y la falta de transparencia en el proceso de evaluación colocan nuevamente a Mendoza en el centro del debate nacional sobre los límites de la minería y la defensa de los bienes comunes.