Brasil lleva a la COP31 dos propuestas para acelerar la agenda climática global
La Presidencia brasileña de la cumbre climática presentó dos documentos voluntarios para orientar a los países en la transición energética y la protección de los bosques hacia 2030. Las propuestas incluyen herramientas para diseñar políticas nacionales, movilizar inversiones y ampliar el financiamiento climático hasta alcanzar al menos US$1,3 billones anuales para 2035.
La Presidencia de la COP30, encabezada por Brasil, presentó dos hojas de ruta internacionales destinadas a acelerar la transición justa hacia el abandono de los combustibles fósiles y detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030.
Los documentos, elaborados a partir de consultas internacionales posteriores a la cumbre climática de Belém, buscan transformar los compromisos asumidos en el marco del Primer Balance Global del Acuerdo de París en políticas públicas, inversiones y resultados concretos y medibles.
La iniciativa apunta a brindar herramientas operativas para que los gobiernos puedan avanzar en la descarbonización de sus economías y fortalecer la protección de los ecosistemas forestales, considerando las diferentes capacidades económicas, sociales y productivas de cada país.
El anuncio también estuvo acompañado por un informe sobre financiamiento climático, que plantea la necesidad de movilizar al menos US$1,3 billones anuales hacia los países en desarrollo para 2035.
Transición energética: estrategias diferenciadas para abandonar los fósiles
Una de las propuestas centrales es la hoja de ruta para la transición energética, que incorpora el denominado Enfoque de Preparación de Belém. Este mecanismo clasifica las circunstancias nacionales en 12 arquetipos, según el grado de dependencia de los combustibles fósiles y la capacidad de cada economía para gestionar los cambios en la oferta, la demanda energética y su estructura productiva.
El objetivo es evitar que la transición se plantee bajo un modelo uniforme y ofrecer a cada gobierno una secuencia de políticas adaptada a sus condiciones económicas y sociales.
Por ejemplo, para los países productores de petróleo con fondos soberanos sólidos, el documento propone avanzar en la reestructuración de los ingresos estatales y reducir drásticamente las emisiones de metano. En cambio, para las economías en desarrollo altamente dependientes de las importaciones de combustibles, plantea aprovechar la competitividad de la energía solar y eólica para acelerar la transformación de sus matrices energéticas.
A través de este enfoque, la hoja de ruta ofrece una guía de prioridades y medidas para que los gobiernos puedan planificar la reducción progresiva de los combustibles fósiles, considerando los desafíos fiscales, tecnológicos y laborales que implica el proceso.
Protección de los bosques: cinco pasos para revertir la deforestación
La segunda hoja de ruta está orientada a detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030. El documento propone una metodología de cinco etapas: diagnosticar, alinear, definir metas, ejecutar y evaluar.
La estrategia contempla cuatro áreas de acción internacional para fortalecer la protección de los bosques tropicales, subtropicales, templados y boreales.
Entre sus prioridades se encuentran mejorar la coordinación entre los gobiernos, establecer objetivos verificables, fortalecer los mecanismos de implementación y garantizar recursos financieros para las políticas de conservación y restauración.
El documento también pone el foco en las desigualdades que atraviesan la protección de los ecosistemas. Los países en desarrollo concentran gran parte de los bosques tropicales, pero enfrentan importantes restricciones presupuestarias para sostener las políticas de conservación.
En ese sentido, señala que el financiamiento internacional destinado a los bosques representó apenas el 3,4% de los fondos registrados en 2023.
Por este motivo, plantea la necesidad de redireccionar capitales, ampliar el acceso a financiamiento para pueblos indígenas y comunidades locales y fortalecer las acciones contra los delitos ambientales transnacionales.
Financiamiento y justicia climática, dos condiciones para la transición
Ambas hojas de ruta incorporan el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo que los países tienen capacidades, responsabilidades históricas y condiciones económicas distintas frente a la crisis climática.
La Presidencia brasileña sostiene que la transición energética y la protección de los bosques deben abordarse desde una perspectiva de justicia ambiental y social, evitando que los costos de la transformación recaigan sobre los sectores más vulnerables.
En este marco, los documentos destacan la importancia de garantizar la seguridad socioeconómica durante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, así como asegurar recursos accesibles para las comunidades que dependen directamente de los ecosistemas forestales.
Las propuestas reúnen aportes de más de 100 países, organismos de Naciones Unidas, investigaciones del informe Limiting Overshoot de 2026 y contribuciones de actores no estatales, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y representantes del sector privado.
El camino hacia la COP31
Las dos hojas de ruta buscan funcionar como un puente estratégico hacia la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP31, que se realizará en Antalya, Turquía.
El desafío será trasladar los lineamientos internacionales a planes nacionales de implementación, con metas concretas de descarbonización, protección forestal y movilización de inversiones.
En ese contexto, la Presidencia saliente de la COP30 instó a las futuras autoridades de las conferencias climáticas a mantener abierto el diálogo entre gobiernos, empresas, organizaciones sociales y comunidades sobre la salida gradual de los combustibles fósiles y la protección de los bosques.
La presentación de estos documentos busca dar continuidad a los compromisos de Belém y avanzar desde las declaraciones políticas hacia mecanismos concretos de implementación. Sin embargo, su carácter voluntario deja en manos de cada país la decisión de traducir las recomendaciones en políticas públicas, inversiones y objetivos verificables.
