COP17: el mundo reconoce la crisis, pero no acuerda cómo enfrentarla

La cumbre mundial de biodiversidad cerró con un diagnóstico compartido sobre la gravedad de la crisis, pero sin obligaciones concretas para enfrentarla. Los anuncios financieros quedaron muy lejos de las necesidades globales, el Fondo de Cali sigue sin ponerse en marcha y las decisiones difíciles volvieron a postergarse. Quito será la sede de la COP18, en 2028.

La COP17 corre el riesgo de quedar sepultada en la memoria diplomática como otra cumbre en la que los gobiernos reconocieron la magnitud de la crisis ambiental, pero evitaron asumir los costos de enfrentarla. El encuentro terminó con un consenso sobre el deterioro de la biodiversidad, aunque sin traducir ese diagnóstico en compromisos vinculantes ni mecanismos efectivos de cumplimiento.

La paradoja quedó plasmada en el lenguaje de las resoluciones: los acuerdos deberán interpretarse de manera «facilitadora, no intrusiva y no punitiva». En otras palabras, los países reconocieron la gravedad de la situación, pero se cuidaron de que ese reconocimiento no implicara obligaciones adicionales. La alarma está encendida, pero no hay garantías de que alguien vaya a intervenir.

El financiamiento volvió a ser el principal punto de tensión. Durante la cumbre se anunciaron compromisos por USD 1800 millones, una cifra marginal frente a los USD 700.000 millones anuales que se estiman necesarios para cerrar la brecha global de financiamiento de la biodiversidad. Tampoco hubo avances decisivos para poner en funcionamiento el Fondo de Cali, uno de los instrumentos centrales para movilizar recursos provenientes del uso de información digital sobre secuencias genéticas.

El fondo, cuya meta de recaudación anual se ubica en USD 1000 millones, continúa sin mecanismos plenamente operativos. La discusión sobre las contribuciones del sector privado, en particular de las grandes empresas farmacéuticas, volvió a quedar atrapada entre compromisos voluntarios y resistencias a establecer obligaciones concretas.

La misma lógica atravesó las negociaciones sobre los subsidios perjudiciales para la biodiversidad. Pese al impulso político de la Presidencia armenia de la COP17 para avanzar en la Meta 18, el texto final quedó debilitado y sin herramientas claras para acelerar su eliminación o reforma.

La dinámica de las negociaciones volvió a mostrar los límites del consenso diplomático: los acuerdos se construyen a partir de la eliminación progresiva de términos que puedan implicar obligaciones, derechos exigibles o responsabilidades concretas. Así, las decisiones más sensibles terminan desplazadas hacia futuras conferencias, mientras la falta de avances se presenta como una oportunidad para seguir dialogando.

Los principales resultados de la COP17

Financiamiento insuficiente. Los USD 1800 millones anunciados contrastan con una necesidad global estimada en USD 700.000 millones anuales para financiar la conservación y restauración de la biodiversidad.

Subsidios perjudiciales. La Meta 18 no consiguió traducirse en un compromiso sólido para reformar o eliminar los incentivos económicos que dañan la naturaleza. El texto aprobado mantuvo un lenguaje débil.

Fondo de Cali postergado. Los países aplazaron decisiones fundamentales para su funcionamiento, dejando pendiente la puesta en marcha de un mecanismo clave de financiamiento.

Reconocimiento de los pueblos indígenas. La COP17 aprobó el marco operativo y el programa de trabajo del Órgano Subsidiario del artículo 8(j), un avance institucional para el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a participar en las decisiones que afectan sus territorios.

El camino de Ereván. El primer balance del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal mostró que menos de la mitad de las metas nacionales presentan avances satisfactorios. Como respuesta, se adoptó una hoja de ruta para el período 2026-2030, aunque con un nivel de ambición limitado.

La disputa por la evidencia científica. Argentina, Rusia, Arabia Saudita y Brasil cuestionaron la forma en que los informes del IPBES, el panel científico intergubernamental sobre biodiversidad, debían incorporarse a las decisiones. La fórmula final fue «tomar nota» de esos informes, en lugar de «darles la bienvenida», una diferencia de lenguaje que refleja las tensiones sobre el lugar de la ciencia en las negociaciones.

Quito, sede de la COP18. Ecuador fue elegido para albergar la próxima conferencia mundial de biodiversidad en 2028, tras superar a Panamá por dos votos en el plenario. La elección devuelve la cumbre a América Latina y el Caribe. La delegación ecuatoriana convocó a trabajar de manera transparente y constructiva para fortalecer la cooperación internacional.

América Latina: una brecha de financiamiento que amenaza su patrimonio natural

La insuficiencia financiera tiene una dimensión especialmente crítica para América Latina y el Caribe, una región que concentra cerca del 40% de la biodiversidad mundial en apenas el 16% de la superficie terrestre.

Según estimaciones del BID y la CEPAL, conservar, restaurar y utilizar sosteniblemente sus ecosistemas requiere alrededor de USD 170.217 millones anuales. Sin embargo, la región recibe apenas USD 17.230 millones. La diferencia alcanza aproximadamente USD 153.000 millones, equivalente al 2,1% del PIB regional.

Los recursos disponibles cubren apenas una décima parte de las necesidades estimadas. La brecha no representa solamente un problema ambiental: más de la mitad del PIB latinoamericano depende directamente de los servicios y recursos que proporciona el capital natural.

En ese escenario, la falta de mecanismos internacionales de financiamiento no es una discusión técnica menor. Condiciona la capacidad de los países para proteger sus ecosistemas, restaurar áreas degradadas y sostener actividades económicas que dependen de la biodiversidad.

Los desiertos también cuentan: la biodiversidad que queda fuera del mapa

En paralelo a las negociaciones oficiales, el Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama (LANDATA), liderado por la Universidad Católica del Norte de Chile, llevó a la COP17 una advertencia sobre un problema menos visible: el riesgo de excluir a los ecosistemas desérticos de las políticas globales de conservación.

Su planteo es que un desierto natural no debe confundirse con una tierra desertificada. Se trata de un ecosistema que evolucionó durante millones de años y cuya biodiversidad no depende de la presencia de una cobertura vegetal abundante. La ausencia de vegetación no significa ausencia de vida.

Por eso, el nodo científico pidió que la meta global de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina para 2030 —conocida como 30×30— no se mida exclusivamente mediante indicadores de cobertura vegetal que puedan dejar fuera a los ambientes hiperáridos.

La discusión tiene consecuencias concretas para el norte de Chile, donde los salares de Atacama enfrentan una presión creciente por la demanda de litio y cobre, minerales estratégicos para la transición energética.

La delegación chilena sostuvo que esa transición no puede construirse a costa de la biodiversidad ni de los derechos de los pueblos que habitan esos territorios. El desafío es evitar que la respuesta a la crisis climática genere nuevas presiones sobre ecosistemas cuya importancia ecológica todavía suele quedar subestimada.

La COP17 dejó así una agenda extensa de compromisos pendientes. Desde el financiamiento hasta la protección de ecosistemas poco reconocidos, los desafíos están identificados. Lo que sigue sin resolverse es cómo transformar los consensos diplomáticos en decisiones concretas, recursos suficientes y responsabilidades verificables. Quito recibirá la próxima cumbre en 2028 con esa deuda todavía abierta.