COP31: crecen las demandas por financiamiento climático y cuestionan la falta de compromisos concretos para la adaptación

El financiamiento para la adaptación al cambio climático volvió a ocupar un lugar central en las negociaciones de la COP31, que se desarrolla en Antalya, Turquía. Uno de los principales desafíos pasa por definir cómo se medirá el compromiso de triplicar los recursos destinados a esta agenda hacia 2035, una meta acordada el año pasado que todavía carece de una línea de base clara.

Entre las posiciones que reclaman precisiones se encuentra el Grupo Africano, que exige establecer con mayor claridad los parámetros financieros de referencia. Una de las cifras que se encuentra en discusión apunta a alcanzar los 120.000 millones de dólares anuales, el triple de los 40.000 millones acordados en Glasgow.

La falta de una metodología común para determinar el punto de partida genera incertidumbre sobre cómo evaluar el cumplimiento de la meta y qué compromisos deberán asumir los países desarrollados para garantizar los recursos necesarios.

En este contexto, el borrador del Objetivo Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) contempla la posibilidad de debatir aspectos técnicos vinculados con esta cuestión, aunque todavía no se conocen definiciones concretas.

Una declaración con demandas, pero sin una hoja de ruta definida

En paralelo, las presidencias de la COP31 difundieron un documento denominado Resumen de reflexiones, considerado el primer esquema de lo que podría convertirse en la denominada Declaración de Antalya o en una decisión marco de la conferencia.

El texto reúne las principales demandas y propuestas presentadas por las distintas Partes, aunque también deja expuestas las diferencias políticas que atraviesan las negociaciones climáticas.

Oscar Soria, CEO de The Common Initiative, cuestionó el alcance del documento y lo definió como «una lista de compras, no una brújula», al considerar que reúne aspiraciones sin establecer necesariamente una dirección clara para avanzar en su implementación.

Entre las contradicciones señaladas aparece la referencia a una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, mientras que al mismo tiempo se plantea evitar que las decisiones internacionales identifiquen fuentes energéticas específicas.

Soria identificó, sin embargo, algunos elementos positivos: el reconocimiento de que se están superando los límites climáticos, la recepción favorable de las hojas de ruta y la mención a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

No obstante, advirtió que la efectividad de cualquier declaración dependerá de su aplicación concreta y, especialmente, de que los recursos financieros comprometidos lleguen efectivamente a los países y comunidades que los necesitan.

El financiamiento para los países insulares, otra señal de alerta

Las dificultades para movilizar recursos también quedaron expuestas en el caso del Fondo de Resiliencia del Pacífico, una iniciativa creada y gestionada por los propios países insulares de esa región para fortalecer su capacidad de respuesta frente al cambio climático.

El mecanismo llegó a la COP31 con menos de 200 millones de dólares, considerablemente por debajo de su objetivo inicial de reunir 500 millones.

Un evento de recaudación organizado durante la conferencia para reducir esa brecha financiera tuvo resultados limitados: consiguió apenas una contribución filantrópica adicional de 5 millones de dólares.

La situación refleja las dificultades que enfrentan los territorios más vulnerables para acceder a financiamiento oportuno, pese a que se encuentran entre los más expuestos a los impactos del calentamiento global.

«En el Pacífico entendemos que financiamiento retrasado es financiamiento denegado», afirmó Hilda Heine, presidenta de las Islas Marshall.

Las discusiones sobre adaptación, por lo tanto, vuelven a poner en evidencia uno de los principales desafíos de la gobernanza climática internacional: transformar los anuncios y las metas financieras en recursos efectivos, previsibles y accesibles. Para los países más vulnerables, la brecha entre los compromisos y su ejecución no es solamente una cuestión diplomática, sino un condicionante directo de sus posibilidades de enfrentar los efectos del cambio climático.