Greenpeace repudió la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y habló de “grave retroceso ambiental”
La organización ambientalista expresó su rechazo a la media sanción otorgada por el Senado de la Nación al proyecto que modifica la Ley de Glaciares y advirtió que la iniciativa “dejará sin protección el agua de los argentinos”. Tras la votación en la Cámara Alta, el texto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.
En un comunicado difundido este 26 de febrero de 2026, Greenpeace calificó la decisión como un “grave retroceso ambiental” y sostuvo que la reforma debilita los estándares de protección vigentes sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
Desde la organización alertaron que la modificación rompe el carácter de presupuestos mínimos de la norma —que rige para todo el territorio nacional— y abre la puerta a actividades que podrían poner en riesgo ecosistemas frágiles. En ese sentido, señalaron que cambiar la ley implica “romper reglas claras” que ordenan la protección del agua y generan previsibilidad para comunidades y territorios.
“El proyecto no sólo implica una reforma legal, sino que pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas en un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares”, advirtieron.
“La crisis climática exige más protección, no menos”
Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace, afirmó que la Ley de Glaciares es una herramienta clave para proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
“Su modificación no responde a una necesidad ambiental ni social, y representa un claro retroceso ambiental. Esperamos que la Cámara de Diputados actúe con responsabilidad y respete la ley vigente, evitando cualquier cambio que debilite su espíritu y sus objetivos de protección”, señaló.
Greenpeace recordó que la norma fue fruto de un amplio consenso social y científico y subrayó que su aplicación efectiva constituye una obligación del Estado argentino para garantizar el derecho a un ambiente sano, tal como establece la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
En ese marco, la organización sostuvo que la Cámara de Diputados no sólo debatirá una reforma legislativa, sino que deberá definir si Argentina “sostiene o debilita una de las principales herramientas de protección del agua” en un escenario de crisis climática.
“La crisis climática exige más protección, no menos. Avanzar debilitando una ley que resguarda las principales reservas de agua dulce del país va en sentido contrario a lo que la ciencia, la ciudadanía y el propio marco constitucional reclaman”, concluyeron desde Greenpeace.
