La brecha entre el discurso y la acción vuelve a poner a prueba a la COP17

Con la COP17 en su recta final en Ereván y el plenario de cierre demorado, la cumbre enfrenta su mayor desafío: pasar de las declaraciones de compromiso a las decisiones concretas. El mandato es claro: evaluar el rumbo de las metas de biodiversidad hacia 2030 y, fundamentalmente, definir cómo se financiará su cumplimiento. Sin embargo, las expresiones de buena voluntad conviven con contradicciones flagrantes dentro de los propios países negociadores, mientras la disputa global por el acceso a minerales críticos vuelve a colocar a América Latina bajo la presión del extractivismo.

Durante la primera semana se anunciaron compromisos por más de USD 1.800 millones, entre ellos USD 500 millones destinados a especies amenazadas y nuevas contribuciones al Fondo del Marco Global. Pese a ello, la cifra permanece lejos de los USD 6.000 millones anuales que se necesitan. Las próximas 48 horas serán decisivas para determinar si existe una voluntad política capaz de traducir los compromisos en financiamiento efectivo o si, una vez más, la brecha entre la retórica diplomática y la emergencia ecológica termina imponiéndose.

El margen de maniobra político se estrecha. La pérdida de biodiversidad, en cambio, no da tregua.

La ruta de Ereván: cuatro nudos de la negociación

Con más de 140 ministros de Finanzas y Medio Ambiente en la mesa de negociación, cuatro cuestiones concentran las principales tensiones y ponen a prueba la capacidad de alcanzar acuerdos:

• Reforma de los subsidios perjudiciales para la naturaleza (Meta 18). La meta hacia 2030 plantea reducir progresivamente USD 500.000 millones anuales en subsidios considerados nocivos para la biodiversidad y reorientar esos recursos hacia actividades de conservación. El desafío es mayúsculo si se considera que estos incentivos representan, al menos, USD 2 billones anuales a escala global.
• Puesta en marcha del Fondo de Cali. Creado para distribuir beneficios derivados del uso comercial de información digital sobre secuencias genéticas (DSI), el mecanismo muestra resultados todavía marginales: apenas algo más de USD 10.000 aportados por cinco empresas. Una señal de la resistencia del sector privado a asumir compromisos económicos concretos.
• Autonomía financiera del Sur Global. Los países en desarrollo reclaman un mecanismo de financiamiento permanente, previsible e independiente, que no quede subordinado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La discusión refleja una disputa de fondo sobre quién define las prioridades y bajo qué condiciones se distribuyen los recursos.
• Ampliación de la base de donantes. La Unión Europea insiste en incorporar a las economías emergentes a los esfuerzos de financiamiento. La demanda excede el ámbito de la biodiversidad y replica una discusión que también atraviesa las negociaciones internacionales sobre cambio climático.

Una definición que va más allá del financiamiento

Lo que se juega en Ereván no es solamente una discusión sobre cifras y mecanismos financieros. También está en debate la coherencia entre los compromisos internacionales de conservación y los modelos económicos que continúan impulsando la degradación ambiental.

En ese escenario, América Latina ocupa un lugar estratégico y contradictorio: concentra una biodiversidad extraordinaria y recursos minerales indispensables para la transición energética, pero enfrenta el riesgo de que la creciente demanda global profundice las presiones extractivas sobre sus territorios y ecosistemas.

La COP17 tiene, por lo tanto, una oportunidad concreta: demostrar que la protección de la biodiversidad puede traducirse en decisiones económicas, instrumentos financieros y responsabilidades compartidas. De lo contrario, las metas 2030 corren el riesgo de convertirse en otra declaración de buenas intenciones, mientras la crisis ecológica avanza mucho más rápido que las negociaciones.