Más de 18 millones de toneladas de residuos peligrosos quedan fuera del sistema formal de tratamiento en Argentina

Argentina enfrenta una seria deuda ambiental en materia de gestión de residuos peligrosos. En un contexto donde no existen estadísticas oficiales sistematizadas sobre la generación y tratamiento de estos desechos, un relevamiento realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos, impulsado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), reveló que apenas el 5,57% de los residuos generados en el país recibe un tratamiento adecuado.

Según el último informe anual correspondiente al período julio de 2024-junio de 2025, de las casi 20 millones de toneladas de residuos peligrosos producidas anualmente, solo 1,08 millones fueron gestionadas correctamente. El dato refleja una realidad preocupante: más del 94% de estos materiales queda fuera de los circuitos formales de tratamiento.

La situación también queda expuesta al analizar el comportamiento empresarial. Aunque existen más de 252.000 compañías generadoras de residuos, apenas unas 31.500 contratan servicios especializados para su tratamiento, lo que representa apenas el 12,48% del total.

Para los especialistas, estos números evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, mejorar los sistemas de trazabilidad y avanzar en la reglamentación de normas ambientales que permanecen pendientes desde hace años.

Un observatorio para visibilizar una problemática oculta

El Observatorio de Residuos Peligrosos fue creado en mayo de 2021 mediante un acuerdo entre la UNR, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).

Su objetivo fue llenar un vacío histórico de información pública y generar datos confiables sobre una problemática ambiental de gran impacto.

“En el año 2016 comenzamos a realizar consultas en ministerios provinciales, organismos nacionales y el Cofema para acceder a datos oficiales, pero no los conseguimos. En 2020 realizamos un primer estudio junto a una consultora privada y observamos que se trataba menos del 20% de los residuos. A partir de allí surgió la idea de crear el Observatorio”, explicó Claudia Kalinec, presidenta de Catries.

En el desarrollo de la iniciativa también participó Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la UBA, quien aportó su experiencia en gestión ambiental y planificación estratégica.

Datos con respaldo científico

El Observatorio elabora informes bimestrales y anuales a partir de relevamientos realizados en 47 plantas de tratamiento distribuidas en todo el país. Mediante encuestas anónimas a empresas asociadas se recopilan datos sobre volúmenes tratados, características de los clientes y tendencias de generación.

Posteriormente, la información es procesada mediante modelos estadísticos que permiten extrapolar los resultados a nivel nacional y estimar tanto los residuos efectivamente tratados como aquellos que permanecen fuera del sistema formal.

Los informes muestran que, históricamente, la tasa de tratamiento rara vez supera el 8% y en algunos períodos llega a caer hasta niveles cercanos al 4%. Considerando toda la serie relevada, el promedio nacional ronda apenas el 5%.

Según Matías De Bueno, secretario de Ambiente de la UNR y referente en políticas públicas ambientales, el valor del trabajo radica en su rigurosidad metodológica y respaldo académico.

“Se trata de información elaborada por equipos técnicos especializados de universidades públicas. Tiene la misma fuerza probatoria que los informes de peritos oficiales, según establece la Ley General del Ambiente. Son datos únicos en el país y cuentan con un sólido respaldo científico”, afirmó.

El interrogante sobre el destino del 95% restante

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el destino de los residuos que no ingresan al circuito formal de tratamiento.

“Ese 95% aproximadamente termina en ríos, en el aire, en terrenos, cavas o basurales. Son residuos venenosos y contaminantes que afectan la salud humana, la flora, la fauna y los ecosistemas. Lo más grave es que los costos ambientales no son asumidos por quienes generan el daño, sino por toda la sociedad”, advirtió De Bueno.

Por su parte, Corti señaló que el debilitamiento de las políticas públicas ambientales agravó la situación en los últimos años.

“La falta de una agenda ambiental por parte del Gobierno nacional deja expuesta una problemática con consecuencias directas sobre la salud de la población y múltiples indicadores socioeconómicos y ambientales. Por eso es fundamental contar con información confiable que permita diseñar mejores políticas públicas en todos los niveles del Estado”, sostuvo.

Las pymes abandonan el sistema

El informe también detectó un deterioro durante 2025, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Durante el primer semestre del año, la tasa de tratamiento cayó desde valores superiores al 8% hasta niveles cercanos al 6%. El fenómeno estuvo asociado principalmente a la salida de pequeñas empresas del sistema formal de gestión.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de pymes que contrataron servicios de tratamiento disminuyó alrededor de un 30% en apenas seis meses.

“El trabajo del Observatorio resulta fundamental porque permite identificar dónde es necesario invertir, qué tecnologías desarrollar para cada tipo de residuo y cuáles son las corrientes de desechos que requieren atención prioritaria. También posibilita generar mapas e indicadores básicos para la gestión del sector”, destacó Carlos Solari, titular de Caitpa.

La necesidad de pasar de los datos a la acción

Los referentes del Observatorio coinciden en que la información recopilada debe transformarse en políticas concretas. Entre las medidas prioritarias mencionan el fortalecimiento de los controles, la mejora de la trazabilidad de residuos y la elaboración de diagnósticos específicos por provincia.

Asimismo, remarcan la necesidad de reglamentar normas ambientales pendientes, como la Ley 25.612 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios y la Ley 13.959, aún sin reglamentación.

Mientras tanto, los datos del Observatorio dejan en evidencia una realidad alarmante: millones de toneladas de residuos peligrosos continúan cada año fuera de los sistemas de tratamiento adecuados, generando impactos ambientales y sanitarios cuyos costos terminan siendo asumidos por toda la sociedad.