Organizaciones ambientales advierten contradicciones legales ante el tratamiento del acuerdo Mercosur-UE y la reforma de la Ley de Glaciares
El próximo viernes 27 de febrero la Cámara de Senadores tratará el proyecto de ley que impulsa la ratificación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un día antes, el jueves 26, el Senado debatirá la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una iniciativa que —según organizaciones ambientales— propone recortar el nivel de protección vigente sobre los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina.
En un comunicado conjunto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Círculo de Políticas Ambientales, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientales, Fundación Biodiversidad Argentina y Aves Argentinas advirtieron que, de aprobarse ambas iniciativas, el país podría ingresar en “un escenario de contradicción normativa que debilitaría la seguridad jurídica y la confianza que reclaman los inversores europeos para desarrollar proyectos en el país”.
Las organizaciones señalan que el artículo 26.2.3 del acuerdo comercial establece que ninguna de las partes debe debilitar los niveles de protección ambiental o laboral con el objetivo de fomentar el comercio o la inversión. A su entender, la reforma a la Ley de Glaciares vulneraría ese principio al introducir excepciones que permitirían actividades extractivas actualmente prohibidas en zonas glaciares y periglaciares.
Asimismo, sostienen que la iniciativa contradiría el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), tratado regional con jerarquía superior a las leyes nacionales que impide retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados.
Otro de los puntos cuestionados es el artículo 26.10 del acuerdo con la Unión Europea, que establece que las medidas de protección ambiental deben basarse en evidencia técnica y científica proveniente de organismos reconocidos. Según las entidades firmantes, la reforma implicaría una pérdida de autonomía técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), al quedar sus decisiones sujetas a criterios discrecionales de las autoridades provinciales.
“Lejos de tratarse de cuestiones menores, semejantes incumplimientos y violaciones podrían significar la suspensión del Acuerdo enviando un mensaje nocivo a las inversiones extranjeras”, concluye el comunicado.
