El Senado debate una nueva Ley de Biocombustibles con mayor corte obligatorio

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El Senado comenzó a analizar un nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por el Gobierno nacional que propone una profunda reforma del régimen vigente, con el objetivo de aumentar los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiésel y bioetanol, avanzar en la desregulación del mercado y establecer un sistema de precios basado en la paridad de importación.

La iniciativa, presentada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es la que reúne mayores posibilidades de avanzar en el Congreso y cuenta con el respaldo de refinadoras y de distintos actores de la industria. El proyecto forma parte de las tres propuestas que actualmente se debaten en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, junto con las impulsadas por las senadoras Flavia Royon (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba).

La propuesta oficial extiende el período de transición hasta el 31 de diciembre de 2031 y prevé una vigencia de 15 años para el nuevo régimen. Además, incorpora un incremento gradual de los cortes obligatorios de biocombustibles, con el objetivo de absorber capacidad instalada ociosa y otorgar mayor previsibilidad a las inversiones del sector.

Aumentan los porcentajes de mezcla

El proyecto establece que el gasoil deberá contener un mínimo obligatorio de 7,5% de biodiésel, porcentaje que se elevará al 10% un año después de la entrada en vigencia de la ley.

En el caso de las naftas, el corte obligatorio de bioetanol pasará al 12% inicialmente y aumentará al 15% transcurridos doce meses desde la sanción de la norma.

La Secretaría de Energía conservará la facultad de modificar estos porcentajes únicamente en situaciones excepcionales, justificadas por razones ambientales, sociales, económicas, técnicas, de calidad o para garantizar el abastecimiento interno.

Un mercado con mayor competencia

Uno de los cambios centrales de la iniciativa es la eliminación del esquema de precios máximos administrados. En su lugar, se propone un sistema de precios de referencia basado en la paridad de importación, permitiendo que el valor de los biocombustibles sea determinado por el mercado.

Si el precio interno supera ese valor de referencia, la autoridad de aplicación podrá habilitar importaciones de biocombustibles como mecanismo de excepción. Este aspecto generó debate durante el tratamiento en comisión, ya que algunos especialistas advirtieron que podría facilitar el ingreso de productos importados a precios de dumping.

El proyecto también elimina la división geográfica del Mercado Electrónico para la comercialización de biocombustibles, aunque mantiene regiones específicas durante el período de transición para el segmento de biodiésel producido por empresas no integradas, con el objetivo de reducir costos logísticos.

Espacio para las pymes

La iniciativa incorpora un esquema destinado a preservar la participación de las pequeñas y medianas empresas independientes. Durante la transición, una parte del corte obligatorio deberá ser abastecida exclusivamente por empresas no integradas mediante un mercado regulado.

Además, se fija un límite para evitar posiciones dominantes: ninguna empresa o grupo económico no integrado podrá superar el 14% del volumen anual comercializado dentro de este segmento.

Co-procesamiento y transición

Otro de los aspectos incorporados es la regulación del co-procesamiento, es decir, la utilización de materias primas no fósiles en la producción de gasoil por parte de las refinerías.

El reconocimiento de este mecanismo dentro del corte obligatorio será gradual: podrá representar el 0,5% en 2028, el 1% en 2029, el 1,5% en 2030 y el 2% en 2031, con un límite máximo del 3%.

Un debate que vuelve al Congreso

La reforma del régimen de biocombustibles había sido uno de los temas incluidos originalmente en la denominada Ley Bases, aunque finalmente el Gobierno decidió retirar ese capítulo ante la falta de consenso con las provincias y los distintos sectores de la cadena productiva.

Dos años después, el oficialismo retomó la discusión con un nuevo texto que incorpora modificaciones consensuadas con cámaras empresarias y actores de la industria, con la expectativa de obtener dictamen de comisión y llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas.

De aprobarse, la nueva legislación redefinirá el funcionamiento del mercado argentino de biocombustibles, con un esquema más abierto a la competencia, mayores porcentajes de mezcla y nuevas reglas para la formación de precios y la participación de los distintos actores de la cadena productiva.