Escazú: la COP4 cerró con avances en transparencia ambiental y alertas por la situación de defensores
La cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4) concluyó este 24 de abril en Nassau, Bahamas, tras cuatro días de debates centrados en el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental. El encuentro marcó además un hito geográfico: fue la primera vez que la conferencia se realizó en el Caribe, una región clave que concentra más de la mitad de los 15 países que han ratificado el tratado.
El Acuerdo de Escazú, considerado el primer instrumento regional que garantiza derechos de acceso en materia ambiental, es también pionero a nivel global en incorporar la obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente. En esta edición, los ejes de discusión incluyeron la participación ciudadana, el enfoque de género y el acceso a la información, junto con una nueva propuesta que podría tener impacto directo en las políticas públicas de la región: la creación de registros de emisiones contaminantes.
Un paso hacia mayor transparencia ambiental
Uno de los avances más relevantes fue la discusión sobre los Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), sistemas de información pública que permiten relevar y difundir datos sobre emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo, así como la gestión de residuos fuera de su lugar de origen. Esta herramienta, contemplada en el artículo 6.4 del acuerdo, busca fortalecer la transparencia y el monitoreo independiente de la contaminación.
En países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica, estos registros se encuentran en etapas iniciales de desarrollo. Su implementación permitiría establecer líneas de base para diseñar políticas de reducción de emisiones, incluyendo gases de efecto invernadero como el metano, y mejorar el control sobre la calidad ambiental en zonas de alta actividad industrial, como las áreas hidrocarburíferas.
Expertos coincidieron en que el desafío hacia la COP5, prevista para 2028, será avanzar en la armonización regional de estos sistemas para garantizar comparabilidad y acceso efectivo a la información.
Denuncias por criminalización de defensores ambientales
La protección de quienes defienden el ambiente volvió a ocupar un lugar central en la agenda. Durante las sesiones, representantes de organizaciones sociales de distintos países denunciaron situaciones de persecución, criminalización y estigmatización.
Desde Argentina, Itatí Brida, integrante de la Asamblea del Agua de Uspallata, expuso sobre casos ocurridos en Mendoza, donde activistas fueron detenidos por oponerse a proyectos extractivos como el desarrollo minero San Jorge. También cuestionó limitaciones a la participación ciudadana en instancias institucionales, como audiencias públicas vinculadas a reformas normativas, donde —según denunció— miles de personas inscriptas no pudieron intervenir de manera efectiva.
Avances desiguales en la implementación
En América Latina y el Caribe, ocho países —Argentina, Belice, Chile, Ecuador, México, Panamá, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves— ya cuentan con hojas de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú. Colombia, por su parte, avanza en la construcción de su propio plan, mientras que otros Estados aún no han definido estrategias concretas.
Durante un evento paralelo organizado por la Red Escazú y el Observatorio de Escazú en Argentina, especialistas de la región compartieron experiencias y desafíos. Se destacó la importancia de incluir a la sociedad civil y la academia en los procesos, así como de traducir los compromisos en políticas públicas con recursos y responsables definidos.
Sin embargo, también se advirtió sobre retrocesos. Desde Argentina, se señaló que, pese a contar con instrumentos formales de implementación, el contexto actual presenta regresiones normativas que afectan los estándares ambientales.
Un espacio clave en un contexto global adverso
Tras las jornadas de negociación, Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), subrayó la relevancia del proceso en un escenario internacional complejo. “En tiempos de mitigación del cambio climático y crisis del multilateralismo, estos espacios son fundamentales para sostener el diálogo, fortalecer la cooperación y defender derechos básicos como el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental”, afirmó.
La COP4 de Escazú cerró así con avances técnicos y fuertes llamados de atención desde la sociedad civil. El camino hacia 2028 plantea el desafío de consolidar herramientas concretas, garantizar su implementación efectiva y fortalecer la democracia ambiental en una región atravesada por tensiones entre desarrollo y sostenibilidad.
