Fuerte rechazo de la Provincia a la reforma de la Ley de Glaciares en audiencia pública

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, donde expresó el rechazo de la Provincia a la iniciativa y cuestionó con dureza las condiciones en las que se desarrolló la instancia de participación.

Durante la jornada, Vilar advirtió sobre lo que calificó como graves irregularidades en el proceso. Según detalló, más de 102.000 personas se inscribieron para participar, pero solo el 0,3% podrá hacerlo de manera efectiva. En ese contexto, la ministra llevó al Congreso un listado impreso con los nombres de quienes no pudieron intervenir, como forma de visibilizar la magnitud de la participación restringida.

“Se está violando el artículo 41 de la Constitución Nacional en su integralidad, junto con el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”, señaló Vilar. “El derecho a un ambiente sano y a la participación no son optativos: son obligatorios”, agregó.

En relación al contenido de la reforma, la ministra remarcó que “es absurdo plantear una dicotomía entre ambientalismo y producción”, al destacar que los glaciares representan menos del 1% del territorio nacional, pero almacenan cerca del 70% del agua dulce. En esa línea, subrayó la importancia estratégica del recurso hídrico para la actividad productiva.

Como ejemplo, mencionó la relevancia de la Cuenca del Río Colorado, cuyo caudal depende del deshielo de glaciares y abastece el sistema de riego de unas 80.000 hectáreas en el sur bonaerense, una de las regiones más áridas. “Sin agua no hay vida ni producción posible”, sentenció.

“Se lo pedimos: no avancen con esto, no solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible: los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, sostuvo.

Asimismo, la ministra advirtió sobre el contexto político en el que se impulsa la iniciativa y vinculó el debate con otras tensiones institucionales.

Por último, remarcó la importancia de garantizar instancias reales de participación ciudadana en este tipo de debates, en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.