Alerta ambiental en San Nicolás por la detección de plaguicidas en descargas hacia el Paraná
La presencia de residuos de agroquímicos y productos de degradación en descargas pluviales que desembocan en el Río Paraná volvió a encender las alarmas sobre la situación ambiental vinculada a la planta de Atanor en San Nicolás. Los resultados surgen de análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-CONICET/UNLP) sobre muestras recolectadas por la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires entre febrero y abril de este año.
Los estudios detectaron compuestos como glifosato, AMPA —principal producto de degradación del glifosato—, atrazina y diversos metabolitos asociados a este herbicida en vuelcos provenientes del sistema pluvial de la planta hacia el Paraná. Entre los hallazgos más preocupantes figura una muestra con concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
La detección se produjo en puntos de descarga cercanos a áreas sensibles del sistema hídrico local y se suma a una serie de antecedentes recientes que mantienen la preocupación de vecinos y organizaciones ambientales. Entre ellos, se encuentran el hallazgo de residuos peligrosos en una barranca lindante con la planta y la detección de plaguicidas en pozos y sectores de la red de abastecimiento de agua de San Nicolás.
Fabián Maggi, abogado de vecinos afectados y de la organización Foro Medio Ambiental (FOMEA), sostuvo que los resultados incorporados al expediente judicial evidencian “un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor”.
“Los propios organismos de control reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego esos mismos funcionarios intentan minimizar la gravedad de los resultados. Lo que está en discusión ya no es solamente la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de un sistema de fiscalización ambiental que volvió a fallar frente a un hecho de enorme trascendencia para la salud pública y la protección del Río Paraná”, afirmó.
Un proceso de desmantelamiento bajo la lupa
Los nuevos resultados llegan en momentos en que la planta atraviesa un proceso de desmantelamiento y recomposición ambiental tras la explosión ocurrida en marzo de 2024, episodio que derivó en una orden judicial para detener la producción de agroquímicos en el establecimiento.
Según especialistas y organizaciones ambientales, las tareas de limpieza, remoción de estructuras y movilización de materiales históricamente vinculados a la producción y almacenamiento de agroquímicos requieren controles estrictos para evitar la dispersión de contaminantes acumulados durante décadas.
En este contexto, Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina, advirtió que los nuevos hallazgos refuerzan las preocupaciones existentes sobre el manejo ambiental del predio.
“La contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir. Lejos de demostrar que el problema quedó atrás, los resultados refuerzan las advertencias realizadas por organizaciones ambientales y vecinos sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada durante años dentro del predio industrial. Estos resultados confirman la necesidad de que el proceso de desmantelamiento se realice bajo controles estrictos, monitoreo permanente y la garantía de acceso a información y transparencia hacia la comunidad afectada”, señaló.
Avanza la causa judicial
El hallazgo coincide además con avances significativos en las investigaciones judiciales sobre la contaminación atribuida a Atanor en San Nicolás.
Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con la toma de declaración indagatoria a seis directivos de la empresa, cinco funcionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua, por su presunta responsabilidad en hechos históricos de contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la región.
La causa, iniciada hace más de diez años a partir de denuncias presentadas por vecinos de San Nicolás, investiga posibles vuelcos de residuos peligrosos, enterramiento de residuos tóxicos y eventuales omisiones de control por parte de organismos estatales.
Frente a este escenario, Greenpeace y FOMEA reclamaron profundizar los controles sobre el proceso de desmantelamiento de la planta, garantizar el monitoreo permanente del predio y avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades empresariales y estatales que actualmente investiga la Justicia.
Las organizaciones sostienen que es indispensable adoptar medidas preventivas para evitar nuevos episodios de contaminación que puedan afectar al Río Paraná, los ecosistemas asociados y las comunidades que dependen de este recurso estratégico para su abastecimiento y desarrollo.
